La Plataforma 2018 reunió a partidos políticos y colectivos sociales
24 nov 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Al grito de «Vaite Elnosa e leva Celulosas» o coreando la consigna «Esta porcallada fóra da ría», en torno a un millar de pontevedreses se manifestaron ayer por la noche por las calles del centro de la ciudad para reclamar que no se prorrogue la concesión de la electroquímica y de la pastera en Lourizán. El comunicado oficial de la movilización, leído al final de la protesta en la praza da Peregrina, lo leyó el escritor Carlos Solla, que hizo una irónica mención a las consecuencias ambientales y sociales de la ubicación del complejo industrial Ence Elnosa en la ría Solla señaló, por ejemplo, que esta situación había marcado a una generación que denominó jocosamente «os nenos do mercurio» e hizo un alegato a favor de la marcha de ambas industrias del entorno inmediato de la ría.
La movilización de ayer la convocó la Plataforma 2018, creada para dar cobertura a partidos políticos, colectivos sociales y vecinales, así como a formaciones ecologistas. Entre los que ayer estaban presentes en la marcha se encontraban destacados dirigentes del BNG como su portavoz nacional, Xabier Vence; varios concejales pontevedreses como Carme Dasilva, César Mosquera o Demetrio Gómez, así como ediles del Bloque de Poio y Marín.
La diputada autonómica Patricia Vilán y el diputado en el Congreso Guillermo Meijón representaban al PSOE, mientras que también acudió una nutrida representación de Anova Marín. La Federación de Asociaciones de Vecinos Castelao, la APDR y el Movemento en Prol dos Bens Comúns, así como el sindicato CGT estuvieron presentes también a la manifestación.
La Plataforma 2018 considera que su reivindicación debe ser tenida en cuenta por el Partido Popular, que gobierna en la actualidad las dos administraciones clave para decidir la prórroga o la marcha de la pastera y de la electroquímica de la ría. La reforma de la Ley de Costas obliga a que cualquier solicitud de prórroga sea informada por la comunidad autónoma, pero aunque este dictamen es preceptivo, no es vinculante. El Estado puede alegar que la factoría en cuestión cumple criterios de interés general. Para los colectivos que se manifestaron ayer en Pontevedra, esa reforma supone un resquicio legal que deja entreabierta la continuidad del complejo industrial en la ría y reclamaron al PP que tenga la sensibilidad social y ambiental suficiente para que nunca se haga efectiva la prórroga.