La Xunta insta al Concello a solicitar al Estado la revisión de sus núcleos
24 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.Unos sesenta afectados por la franja de protección de Costas en Vilaboa se plantaron ayer ante la sede de la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) en Santiago para exigir el cese del envío de multas coercitivas por infracciones en la línea del litoral. Los vecinos no entienden por qué se mantiene la imposición de esas multas, porque esperan que la reforma de la Ley estatal, que entró en vigor esta primavera, permita regularizar la situación de los núcleos de este municipio.
Responsables de la APLU se entrevistaron con una representación de Salvemos Vilaboa -plataforma convocante de la movilización- y con el alcalde, el socialista José Luis Poceiro, y la teniente de alcalde, la nacionalista Ornela Fernández. A todos se les expuso que las sanciones por infracción de la Ley de Costas se suspenderán en cuanto el Concello se acoja a un apartado novedoso del texto estatal. Desde Medio Ambiente se explicó que hasta el momento el Concello no remitió documentación que acredite la posible rebaja de la línea de cien a veinte metros y por esta razón, la consellería se ve obligada a mantener los procesos administrativos abiertos.
La nueva ley establece que los concellos con planeamiento en 1988, año de entrada en vigor del primer texto estatal sobre Costas, tienen un plazo de tres meses, que acaba este verano, para solicitar la revisión de sus núcleos.
En estos casos, los ayuntamientos tienen que demostrar un grado de consolidación urbanística de dos tercios y Vilaboa aspira a que esta solución permita el reconocimiento de sus núcleos, la rebaja de la conflictiva línea y el final de su conflicto.
Sin embargo, desde la Xunta se le recordó a los vecinos que es el Concello quien tiene que mover ficha pidiendo formalmente a Costas la posible aplicación de la transitoria a su litoral. El compromiso autonómico es que la APLU paralizará entonces la imposición de multas hasta que el Estado resuelva si las viviendas objeto de expediente disciplinario se pueden o no regularizar.
En este sentido, la alcaldesa accidental de Vilaboa, Ornela Fernández, señaló ayer que los servicios técnicos del Concello están ultimando la solicitud y que esta le será remitida a Costas en agosto en tiempo y forma. Los vecinos confían en que de esta forma se relaje la presión de la que ahora afirman ser víctimas.