Inmuebles con sentencia se libran de la piqueta

En la comarca se suceden las construcciones que siguen en pie tras confirmarse judicialmente las irregularidades


pontevedra / la voz

El paisaje gallego está salpicado de infracciones urbanísticas achacables a alcaldes, concejales, constructores, promotores y particulares. En ese escenario la comarca de Pontevedra no es una excepción. El urbanismo sigue siendo una de las asignaturas pendientes de la comunidad, que sin embargo hasta diciembre del 2010 contabilizaba en solo cinco años 229 demoliciones de obras ilegales en el interior y la costa.

La anarquía urbanística que reinó en Galicia durante décadas parece agua pasada y la ejecución de derribos cobra fuerza. Desde la Xunta, que creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanísticas (APLU), sostienen que la aplicación de la normativa tiene un efecto disuasorio entre la población.

Pese a ello, la piqueta se eterniza y hay casos que llevan muchos años enquistados. El hostal-asador levantado hace veinte años sin licencia y en suelo rústico en el lugar de Pazos, en la parroquia de Marcón, es un ejemplo paradigmático. El Concello de Pontevedra, pese a haber ganado los pleitos, lo mantiene en pie y ahora dice que hay que valorar si en tiempos de crisis el derribo es prioritario.

Otra edificación que está paralizada y amenazada por las máquinas es una de varias plantas situada en las cercanías de la playa de Lapamán, en el límite entre Bueu y Marín. En 1992 el Ayuntamiento de Bueu dio licencia para una vivienda unifamiliar y Marín recurrió al entender que era dentro de su término municipal. El juzgado falló a su favor y la licencia fue anulada. Al ser suelo rústico la demolición corresponde a la APLU. Pero esa construcción de ladrillos no es la única infracción. El año pasado el Concello de Marín denunció que el bajo y la finca se emplean como párking en verano. Un cartel a pie de carretera da fe de ello: «Párking 2 euros a la sombra, bajada playa».

En Poio, otro esqueleto de hormigón que lleva parado desde 1998 es el de A Piolla, en la parroquia de Raxó. Tras años de litigio entre la empresa constructora, que llegó a denunciar al alcalde, y el Concello, será finalmente la APLU quien se encargue del derribo. Luciano Sobral respira aliviado y confía en que la construcción sea demolida a lo largo de este 2012.

No es ni mucho menos la única batalla judicial relacionada con el urbanismo que arrastra Poio. También en Raxó sigue pendiente desde 1993 el derribo parcial del hotel Gran Proa. El exceso de edificabilidad obliga a tirar la quinta planta y su cubierta. Se invertirán 90.000 euros.

Desde el 2002 lleva litigando el Ayuntamiento de Caldas para evitar el derribo parcial de un edificio de la calle Real. Fue un particular quien emprendió la batalla judicial y la ganó. El inmueble, de tres plantas y ático, tiene catorce viviendas, además de bajo comercial y garaje. Está deshabitado. Se construyó con licencia, pero esta fue anulada por incumplir la normativa del fondo edificable. El exalcalde Tobío y Juan Manuel Rey, actual regidor, fueron multados.

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