Las imágenes de videovigilancia son cruciales para denunciar a morosos
07 dic 2011 . Actualizado a las 12:35 h.Las estaciones de servicio son, junto con bancos, joyerías, farmacias y despachos de lotería, negocios que por ley están obligados a disponer de sistemas de seguridad. Es por ello que la ausencia de los mismos supondría la comisión de una falta administrativa grave, la cual conlleva la imposición de una sanción de entre 300 y 3.000 euros.
Los análisis que periódicamente se realizan desde la Subdelegación del Gobierno y la Guardia Civil de Pontevedra han puesto de manifiesto que prácticamente todo el sector, sino la totalidad del mismo, cumple la legislación en este sentido. Con datos de enero de este año, en Pontevedra estaban registradas oficialmente unas 190 gasolineras y, según pusieron de manifiesto las inspecciones, casi el 100 % tenía todo en regla.
Lo más habitual es que estas gasolineras estén conectadas a una central de alarmas y que dispongan de equipo de grabación por vídeo, además de los propios requisitos y medidas que establece la normativa vigente.
En este punto, la legislación en materia de seguridad recoge las medidas que deberán adoptar las gasolineras en el ámbito de la seguridad privada. Algunas son obligatorias, mientras que otras dependerán de factores como el volumen económico que muevan, su situación geográfica o su vulnerabilidad frente a los amigos de lo ajeno.
Entre las primeras se encuentra la obligatoriedad de disponer de una caja fuerte con dos cerraduras protegidas y empotrada en una estructura de hormigón armado, «preferentemente en el suelo». Ambas llaves deberán estar en posesión de otras tantas personas que, en ningún caso, pueden trabajar juntas.
En cuanto a las segundas, se hallan desde pulsadores antiatraco, puertas blindadas, conexiones a una central de alarmas, sistemas de videovigilancia o, incluso, personal de seguridad. De hecho, cada vez son más los negocios que optan por incrementar voluntariamente su nivel de protección.
Las falsas alarmas
Curiosamente el hecho de disponer de estos mecanismos de vigilancia a mayores puede conllevar la comisión de otro tipo de faltas. Y es que la infracción más común en Pontevedra en el ámbito de la seguridad privada es la proliferación de falsas alarmas, situaciones que pueden llegar a movilizar a las fuerzas policiales sin motivo. Este tipo de episodios puede conllevar que se instruya un expediente por una falta grave, que estaría castigada de la misma manera que si la estación de servicio no dispusiese de seguridad alguna.
En todo caso, desde el sector se reconoce que se trata de mecanismos muy necesarios, toda vez que la grabación de imágenes en vídeo suele ser una prueba fundamental contra los que optan por no abonar los repostajes o lo hacen pero con una tarjeta de crédito irregular o sin fondos para tratar de evitar tener que pasar por caja. Se trata de dos prácticas que están repuntando.