El abogado Manuel Franco Argibay, a quien se vincula con una trama de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico que lideraría José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, volvió ayer a pisar un juzgado pontevedrés tras su huida hace cinco años. Al término de su comparecencia en la sede judicial de Caldas, Augusto Santaló, fiscal de delitos económicos, tendió un puente para alcanzar un acuerdo con el letrado, quien se expone a una petición de seis años de prisión.
En cualquier caso, la negociación pura y dura se llevará a cabo una vez Franco Argibay designe a un representante legal. En sus dos comparecencias de esta semana ha sido defendido por profesionales del turno de oficio, por lo que todo apunta a que finalmente se decantará por Fernando Romay, el abogado que consiguió a comienzos del verano exonerar a la esposa de Franco Argibay de todos los cargos que se le imputaban por blanqueo.
En cualquier caso, en el diálogo que se establezca en un futuro inmediato el principal escollo que pueden encontrarse para el buen fin de las negociaciones se encuentra en los bienes intervenidos a instancias de la Fiscalía. Así, Santaló reconoció que «me da la sensación de que eso no lo quiere negociar».
En este sentido, la postura del ministerio público pontevedrés es clara y contundente: «Ya le dije que es innegociable. No levantó ningún embargo».
Bienes intervenidos
En concreto, de confirmarse las tesis de la Fiscalía de delitos económicos, Franco Argibay podría perder en favor del Estado «siete u ocho fincas, un chalé, el despacho, pisos... Todo lo equivalente al dinero que no recuperamos en Portugal, que eran 1.027.000 euros», precisó Augusto Santaló.
De hecho, el sospechoso de blanqueo defiende que estos bienes proceden de su trabajo profesional, tratándose, en principio, de un patrimonio antiguo. A este respecto, los argumentos del ministerio público no sostienen que tales propiedades tengan un origen reciente, sino que, «como no recuperamos lo de Portugal, que eran cuentas offshore que no sabemos donde están, pues le embargamos bienes por ese valor».
En cualquier caso, la de blanqueo no es la única causa que el letrado tiene abierta. Así, la Audiencia de Pontevedra ha confirmado lo que el lunes sostuvo el fiscal para solicitar su prisión provisional en relación con una supuesta estafa de la que habrían sido víctimas un constructor y un familiar directo. Los magistrado capitalinos mantienen que «existe un razonable riesgo de fuga», idea que sustentan en los años que el abogado estuvo huido de la Justicia.
Ayer, Augusto Santaló, en el marco ya del procedimiento de blanqueo, volvió a esgrimir esta línea argumental para que el juzgado de Caldas se pronunciase en la misma dirección. Así, mientras la defensa instó a la puesta en libertad sin fianza de su cliente, el fiscal solicitó su prisión provisional, comunicada y sin fianza. No en vano, recordó que a raíz de su detención ingresó en A Lama, centro que abandonó tras abonar dos millones de euros de fianza: «Se fugó al día siguiente».
La decisión del juzgado de Caldas, al igual que la de la Audiencia, es recurrible.
«El decomiso de las propiedades es innegociable. No levanto ningún embargo»
Augusto Santaló