Califica de intolerable el riesgo para la salud pública derivado del alga
31 jul 2011 . Actualizado a las 06:00 h.El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura y presidente de la Asociación para el Estudio de los Salmónidos (AEMS)-Ríos con Vida acudió el viernes al embalse del Umia para apoyar la lucha por la recuperación real del río. Pedro Brufao, que en 1998 recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente, fue invitado por la Coordinadora Anticoro de Caldas, Cuntis e Moraña. Este experto aboga por la demolición de la presa.
-Usted conoce bien el caso del embalse del Umia. ¿Cómo surgió el acto del viernes?
-Fue una invitación de los colectivos organizadores, de Daniel Vispo y de la plataforma de Caldas. Desde que surgió el proyecto hace más de una década y hasta la actualidad estamos en contacto y colaboramos activamente desde nuestro comité gallego.
-En octubre del 2006, tras la primera crisis del alga tóxica, usted se refería al embalse del Umia como «uno de los mayores casos de corrupción que ha habido en España».
-Con las excusas de levantar una presa con fines de abastecimiento y de prevención de avenidas, de inundaciones, se construyó. Pero resulta que el fin de abastecimiento no se ha cumplido, al revés se ha agravado con la proliferación del alga tóxica, que ya se había previsto al principio que podía ocurrir. Y respecto al asunto de las avenidas tampoco, porque por características técnicas del proyecto la presa era hidroeléctrica y se basa en soltar agua en las máximas avenidas para aprovechar los vatios más caros y venderlos al mayor precio posible. Es decir, era una farsa desde el primer día.
-En su opinión, ¿cuál sería la solución?
-Esto no es legal. La expropiación fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y, por tanto, hay que devolver los terrenos e indemnizar a los expropiados, además de declarar de oficio la caducidad de la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico. Y como dice la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que es del año 2003, proceder a la demolición de lo construido.
-¿Habla de demolición total o solo de dejar libre el río?
-De demolición de la presa, es la eliminación de la obra, ya que es la obra la que es ilegal. No es una cosa nueva ni radical, ya viene del Derecho Romano, el restitutiu integrum. Restitución al estado original de la zona en cuestión, y como en esa zona se han arrasado cultivos y zonas forestales, además de proceder a la restauración ambiental, que va a costar un dinero, hay que indemnizar a los particulares que fueron expropiados de forma ilegal.
-¿Qué le parece el tratamiento experimental con corteza de eucalipto para combatir las cianobacterias?
-Eso es el parche sobre el parche. Lo que hay que eliminar es la presa y se acabó. No se puede seguir gastando más dinero público en un proyecto que ha beneficiado solo a la empresa Cortizo. Lo que pasa es que el principal responsable de esto ya se murió [en alusión al exconselleiro de Política Territorial Xosé Cuíña], ya no puede decir nada. Pero el actual sí, para eso es consejero. Además ahora con el alga hay una situación de riesgo para la salud pública. Esto ha sido una pequeña bola que ha ido creciendo, un acto ilegal tras otro y ahora tenemos un asunto de salud pública por el abastecimiento y esto es intolerable.
-¿Cuántas presas se han demolido en España?
-Llevamos unos trescientos azudes entre pequeños y medianos.
-La presa del Umia tiene algo más de 6 hectómetros cúbicos de capacidad. ¿Es viable su derribo?
-Es una pequeña presa. Es un problema estrictamente de redactar un proyecto técnico y los ingenieros de caminos lo saben hacer perfectamente. El problema mayor que hay es la retención de sedimentos, pero con la bajada paulatina del nivel de las aguas y la reforestación se soluciona en pocos años.
-¿Cuánto podría costar una actuación de este tipo?
-Eso depende. No lo sé porque, por ejemplo, un señor arregla su cocina por 5.000 euros y otro se lo puede hacer por 30.000. Supongo que costaría menos que todo lo que se lleva gastado en la obra una vez hecha. La presa es particular, pero se han usado fondos públicos.
-¿Qué papel puede jugar la presión social?
-La ley está para cumplirla, pero los gobiernos están totalmente cautivos en manos de ciertos particulares. Esto se llama la captura del regulador, es decir, el poder económico manda sobre la Administración. En casos de captura del regulador lo que hay que hacer es presión social y acudir a Bruselas, no podemos esperar que un tribunal de lo contencioso obligue a la Administración en un tiempo razonable a que cumpla la ley. Porque el principal incumplidor de las leyes ambientales en Galicia es la propia Xunta, y de la propia ley que hace ella.
pedro brufao curiel catedrático de derecho y presidente de aems-ríos con vida
«Los fines de abastecimiento
y de prevención de avenidas no se han cumplido»
«No se puede gastar más dinero en una obra que solo beneficia a la empresa Cortizo»