Los tres meses transcurridos desde que el Tribunal Supremo anuló el Plan Especial del Puerto de Marín, declarando ilegal el relleno de 300.000 metros cuadrados, llevó ayer al BNG a mover ficha. Los nacionalistas acaban de registrar una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para que se debata este asunto y se adopten una serie de medidas, conscientes de la dificultad de devolver los terrenos ganados al mar a su estado inicial.
El diputado Bieito Lobeira, el portavoz municipal en Marín, Manuel Ruibal, y el responsable local, Celso Milleiro, comparecieron en la sede de A Veiguiña y responsabilizaron al PP de la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan las empresas afectadas por la sentencia y la actividad económica que se desarrolla en esta zona portuaria.
El BNG exige al Gobierno gallego que en el plazo de tres meses formule una propuesta «de solución definitiva» para el problema generado por los rellenos ilegales. También plantea que se suprima cualquier tipo de nuevo relleno que se pretenda realizar en el puerto de Marín y, como tercera medida, busca que se depuren las responsabilidades políticas derivadas de unos «feitos de extrema gravidade».
Lobeira Domínguez incidió en que esa solución definitiva pasa únicamente por una alternativa en el área de Marín para las empresas afectadas, y no por polígonos en otros municipios como el de Barro-Meis. En cuanto a la depuración de responsabilidades políticas, el diputado dijo que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, entonces conselleiro de Política Territorial, su homólogo en la Diputación, Rafael Louzán, y la portavoz municipal del PP en Marín, María Ramallo, entonces presidenta de la Autoridad Portuaria, tienen que pedir perdón a la sociedad «polo mal que o fixeron». En el caso de la concejala popular fue más allá y aseguró que está «inhabilitada» para el ejercicio de responsabilidades políticas en Marín porque «é un perigo público».
Celso Milleiro llegó a pedir la «dimisión inmediata» de los tres cargos en consonancia con el fallo del Supremo, que reparte las responsabilidades por la condena de la siguiente manera: la Xunta un 30% como autora de la aprobación definitiva del Plan Especial; la Diputación, un 20% por realizar las aprobaciones inicial y provisional del documento; y la Autoridad Portuaria el 50% restante como promotora del Plan Especial y primera beneficiaria de las obras.
El parlamentario hizo hincapié en que el Bloque es la única fuerza política «que nos noventa mostrou o seu desacordo cos recheos, tanto en Marín como en Pontevedra». «O porto medrou dun xeito caótico e desordenado e Marín é hoxe un reducto cercado por instalacións industriais no porto, algunhas que non teñen que ver coa actividade portuaria», remachó Bieito Lobeira, que reiteró que la pelota está en el tejado del PP.