El Bloque exige que la Xunta se pronuncie por escrito sobre la situación legal de las empresas del puerto


La sentencia que declara ilegales 300.000 metros cuadrados de rellenos en el puerto y que obliga a reponer esta zona a la situación anterior abre un período de incertidumbre sobre importantes actividades económicas de Pontevedra. Una iniciativa parlamentaria firmada por el BNG obliga a la Xunta que explique en qué situación legal quedan las empresas localizadas actualmente en el puerto.

La iniciativa, formada por el diputado Bieito Lobeira, también demanda al Gobierno autónomo que defina cómo tiene previsto cumplir la sentencia de los rellenos ilegales, sentencia que adjudica a la Xunta un 30% de la responsabilidad como autora de la aprobación definitiva del plan especial del puerto, un 20% a la Diputación por la aprobación inicial y provisional de este plan y un 50% a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra como promotora del mismo y primera beneficiaria de las obras.

Aparte de definir lo que va a hacer y la situación legal de las empresas, la iniciativa parlamentaria reclama igualmente que la Xunta explique qué actuaciones va a emprender en función de la situación legal de estas firmas y en defensa de los puestos de trabajo.

La Xunta tiene ya sobre la mesa una propuesta del Concello para crear un puerto seco en el que se puedan ubicar empresas afectadas y que sirva, en caso de que ninguna firma tenga que moverse del puerto, para dar acogida a futuras actividades económicas sin necesidad de efectuar más rellenos.

Esta propuesta fue presentada a la Autoridad Portuaria, pero los responsables de la entidad optaron por la indefinición en el último consejo de administración, celebrado el pasado jueves. La propuesta municipal apuntaba a la creación de un puerto seco en el entorno de la variante en construcción, bien en Pontevedra o bien en Marín, donde existe un estudio técnico del 2001 para Monte Pituco para 165.000 metros con posibilidad de ampliación a 200.000.

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