El pleno de Sanxenxo dijo ayer «no» al recurso de reposición presentado por la sociedad mercantil Mirador de Sanxenxo SL, en relación con el proyecto de urbanización a desarrollar en Monte Faro, en concreto en el plan parcial SU 14.
En la sesión celebrada ayer, se acordó inadmitir dicho recurso a propuesta del grupo de gobierno, que argumentó que la cantidad ahora reclamada por esta empresa, 4,7 millones de euros, se deriva del desarrollo del convenio urbanístico suscrito días antes de la aprobación definitiva de dicho plan parcial. Convenio que, según el gobierno local que preside Catalina González, «ratificaba en todos sus términos otro anterior, recogiendo ahora la obligatoriedad de dedicar el 20% de la edificabilidad a vivienda protegida determinada tras la entrada en vigor de la Ley 6/2008 de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo», promovida por el anterior gobierno de la Xunta.
Mirador de Sanxenxo SL, propietario del 70% del suelo urbanizable en Monte Faro, argumenta que en el momento en que se firmó el acuerdo con el Concello de Sanxenxo, en el año 2006, estaba en vigor una ley que obligaba a destinar el 20% del total de la edificabilidad a viviendas de protección pública. Sin embargo, aquella ley fue reformada posteriormente, en junio del 2008, por lo que Mirador de Sanxenxo SL entiende que su convenio quedó superado y por ello exige la devolución de los 4,7 millones de euros que pagó al concello para que le eximiera de dicha obligación.
El Concello y la empresa, que se constituyó en mayo del 2006 para abordar este desarrollo urbanístico, firmaron un primer documento el 15 de febrero del 2007 y el convenio modificado el pasado mes de julio -en concreto está fechado el 17 de julio del 2009-. En su segunda estipulación el documento señala que «el promotor de la actuación asume la obligación de reservar en el documento del Plan Parcial SU 14 terrenos que se destinen a implantar viviendas sujetas a algún régimen de protección pública para localizar, cuando menos, el 20% de la edificabilidad residencial atribuida a dicho ámbito». El documento está suscrito por la alcaldesa Catalina González Bea y por José Luis Díaz Yáñez, como apoderado de Mirador de Sanxenxo SL.
La cantidad reclamada fue abonada por la empresa con anterioridad a la firma del nuevo convenio a cambio de dicho 20% de edificabilidad para VPA (Vivienda de Protección Autonómica), como acordó el gobierno local, que decidió destinar este dinero a pagar los más de siete millones a los propietarios de Punta Vicaño, ahora municipal.
Precisamente ayer, el portavoz del BNG, criticó durante la sesión la operación con Mirador de Sanxenxo por considerar que «só beneficiaba á empresa urbanizadora», y criticó también que los 4,7 millones que se reclaman ahora se destinara «a pagarlle aos propietarios de Punta Vicaño unha cantidade esaxerada polos seus terreos». Por ello, el BNG se desvinculó ayer de los trámites relacionados con el SU 14, un desarrollo que ralentizó el bipartito y la crisis frenó.