Salcedo reclama la base de la Brilat sin cuestionar su continuidad

A. Castroverde

PONTEVEDRA

Los vecinos debatirán la posible salida de los militares cuando recuperen los terrenos perdidos en 1965

19 oct 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

Defensa se enfrentará en los próximos meses a una reclamación en los juzgados y tribunales de los terrenos que ahora ocupa la Brilat en Salcedo. La Comunidad de Montes decidió ayer por una aplastante mayoría -62 votos a favor y ninguno en contra- plantear la reclamación judicial del monte de San Martiño, que pasó a depender de los militares en 1965.

Los comuneros evitaron, sin embargo, abril el debate sobre la continuidad o no de la base militar en su actual ubicación si recuperan finalmente los terrenos. La nueva junta directiva, presidida por Fernando Pintos, se opuso a una propuesta para tomar un acuerdo favorable a la salida de los militares y pospuso el debate hasta que haya sentencia definitiva sobre el pleito judicial que ahora se inicia.

Este pleito será llevado por el letrado Calixto Escariz, un especialista que acaba de obtener dos sonadas victorias judiciales en Vigo al lograr que los terrenos de A Madroa y del aeropuerto de Peinador vuelvan a ser considerados vecinales, pese a estar ocupados por distintas Administraciones.

En tanto no haya sentencia sobre la propiedad de los terrenos, los vecinos propondrán a Defensa un acuerdo de no intervención en las 150 hectáreas de terreno, consistente en que el ministerio deje de hacer obras nuevas -tan solo se permitirían las de mantenimiento y conservación- y en que la Comunidad paralice las talas. Se trata de lograr que no haya «máis formigón nin máis aldeas afganas», indicó Pintos.

La estrategia jurídica para la recuperación de los terrenos se basará en que la cesión efectuada por el Concello en 1965 a los militares carece de validez ya que los montes eran comunales y no municipales. Además, incluirá un compromiso de indemnización por las instalaciones a Defensa en caso de tener que salir de la base para que este motivo no pueda ser invocado en contra del reconocimiento de la propiedad comunal.

La decisión adoptada ayer prevé agotar la vía judicial con este objetivo. Serán presentadas reclamaciones previas ante el Concello y Defensa, recursos contencioso-administrativos en los juzgados de Pontevedra, además de cubrirse la posible apelación y la casación de sentencia. Será preciso además realizar una detallada cartografía de la zona y una recopilación de documentos. El coste será de unos 27.000 euros que, con el IVA, hará que la factura final se aproxime a los 30.000.