Las plataformas del litoral de Marín comparecieron ayer en rueda de prensa con el diputado del BNG Bieito Lobeira para valorar la solución ideada por la Xunta para el reconocimiento de los núcleos costeros. La alternativa prevista por la Consellería de Política Territorial y ratificada por los tres grupos parlamentarios pasa por una modificación de la Disposición Adicional Terceira de la Lei do Solo de Galicia, que fija que los deslindes del dominio público marítimo-terrestre que establece la Dirección General de Costas del Estado tienen que ajustarse a la realidad urbanística reconocida por la Xunta.
El portavoz de las plataformas del litoral de Marín, Enrique Méndez, apuntó que la solución de la Xunta «es la que veníamos buscando y negociando con sigilo desde que se conoció el informe desvaforable del Consello de Contas a la modificación puntual de las normas subsidiarias de Marín». Para los afectados, el cambio en la Lei do Solo de Galicia ofrece algunas garantías por tratarse de una ley: «Digamos que tiene más poder técnico que un decreto o una resolución y conlleva el compromiso de la propia Xunta del reconocimiento de esos núcleos como urbanos».
Unanimidad
Enrique Méndez también destacó como positivo el hecho de la modificación de la Lei do Solo se haya acordado por unanimidad. Pese a su apoyo a la enmienda de Política Territorial, el PPdeG subrayó ayer que la solución definitiva al conflicto de Marín y de otras zonas de la comunidad es la reforma de la Ley de Costas de 1988. «Non existe garantía de que a tramitación desta reforma se poda completar no que resta de lexislatura e sen garantía de que o Estado non volva a recurrir a Lei unha vez aprobada», dijo el PPdeG.
Las plataformas del litoral de Marín coinciden en que la reforma de la Ley de Costas sería la «garantía absoluta», pero son conscientes de su dificultad y de lo que demoraría la solución al conflicto. «Llevamos cinco años de lucha y el cambio de la Lei do Solo lo damos por bueno. La única pega es que se llegue tan tarde porque aún hay que aprobarlo en el Parlamento, publicarlo en el DOG y acompañarlo de un reglamento, que en el caso de Marín es la hoja de ruta ya marcada».