Hace escasas jornadas, la Audiencia Nacional admitió a trámite una serie de querellas contra Arte y Naturaleza. En estos escritos se alude a que la firma puede estar envuelta en un supuesto caso de estafa, de las de tipo piramidal, y que podría afectar a gran parte de los quince mil clientes de la firma de inversiones. En concreto será el Juzgado de Instrucción número cuatro se ocupará de instruir las diligencias previas que, a la postre, podrían determinar si cabe la imputación de algún tipo de cargo a los responsables de la empresa, que desde el pasado mes de octubre en situación de concurso voluntario en un juzgado de lo Mercantil madrileño. Lo cierto es que fue la intervención judicial en Afinsa y Fórum, la que puso en el punto de mira de la Audiencia Nacional a Arte y Naturaleza. En este punto, son muchas las fuentes que aluden a que el administrador único de esta última, García del Toro, fue directivo de Afinsa. Tras la citada operación policial contra está firma y contra Fórum, el órgano judicial madrileño comenzó a recibir una lluvia de querella por parte de asociaciones de consumidores y particulares, que fueron unificadas en un único procedimiento. A este proceso se le ha sumado un demoledor informe de la Fiscalía Anticorrupción. Las sospechas apuntan a que podría acumular un agujero patrimonial cercano a los 283 millones de euros. Días atrás, varios medios de comunicación se hicieron eco del informe patrimonial de los administradores concursales de Arte y Naturaleza. En este documento se pone de manifiesto que el activo de esta firma sólo podrá cubrir el 34,1% de la deuda que tiene contraída con los clientes y que asciende, según estas estimaciones, a unos 429 millones de euros. El activo es de 146,56 millones. Además, este informe, además de supuestamente acreditar una «doble contabilidad» y un «gran número de irregularidades», resalta que la inversora sobrevaloraba las piezas de arte hasta seis veces por encima de su valor en cualquier mercado de subastas. Asimismo, los administradores, aparentemente, echaron en falta numerosa documentación de la sociedad. Estas informaciones está previsto que se incorporen a las diligencias abiertas ahora por la Audiencia Nacional. Por si fuera poco, el pasado marzo, la administración concursal se vio obligada a separar del proceso concursal a los directivos de la firma por una presunta obstrucción a la información.