El Gobierno descarta invertir en Pontevedra los beneficios obtenidos con la privatización de Ence

Ya lo avanzó el vicepresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace varios meses, en una carta dirigida al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Pero ahora la negativa del Ejecutivo de Aznar a invertir en el área geográfica de la ría de Pontevedra los beneficios obtenidos por la privatización del 51% del Grupo Ence, llega a través del Ministerio de la Presidencia en una respuesta parlamentaria dirigida al BNG, que se hizo eco de las peticiones que en ese sentido expresaron distintos colectivos. El Gobierno argumenta que «no puede destinar estos fondos a gastos específicos», porque su obligación es financiar, junto con otros ingresos, el conjunto de los gastos que figuran en los Presupuestos Generales, como señala el artículo 23 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. «Formulismo burocrático» La única salvedad al citado artículo, como subraya la respuesta, sería que se estableciera a través de una ley la afectación de los ingresos de la privatización de Ence a fines determinados, pero «este no es el caso», indica el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Por su parte, el diputado nacionalista Guillerme Vázquez, autor de la interpelación parlamentaria, considera que el Gobierno se ampara «nun formulismo burocrático para xustificar que non pensa destinar sequer for unha parte deses beneficios ao saneamento da ría». A su juicio, los problemas legales pueden salvarse incluyendo en los Presupuestos Generales de 2002 una partida suficiente para el saneamiento de la ría. Por ello, insta al PP a demostrar «a sua vontade política real», adoptando una medida en este sentido, toda vez que, recuerda, «ten maioría absoluta no Parlamento». Vázquez se interesaba también en su pregunta por las condiciones en que SEPI realizó la privatización de Ence, pero la respuesta no le satisface. Considera que es «enormemente vaga e imprecisa» y estima que, con respecto a los compromisos de los nuevos propietarios sobre inversiones a realizar en la ría. Presidencia desmenuza en su respuesta las fases de privatización del grupo pastero-forestal, por el que la mayoría que ostentaba la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pasó al consorcio integrado por Caixa Galicia, Banco Zaragozano y Bankinter, que abonaron 20,5 euros (3.410 pesetas) por acción, tras la autorización otorgada por el Consejo de Ministros el pasado 20 de julio. En este contexto el Gobierno compromete, como se indicó en su día, que los nuevos propietarios -que pugnaron en la privatización de Ence con los grupos portugueses Portucel y Sonae, este último en alianza con el Pastor y otros inversores gallegos-, aseguran «el mantenimiento de un alto nivel de protección al medio ambiente».

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