La Audiencia censura que se negara la asistencia sanitaria ante un delito sexual

En Xinzo ignoraron el protocolo al ser la víctima norteamericana y no existir convencio para cobertura en la sanidad pública


ourense / la voz

Tan creíble resultó a la Audiencia de Ourense la declaración de una víctima de agresión sexual que, a pesar de la ausencia de testigos directos del incidente, fue casi suficiente para condenar a Josué B. S., de 26 años. El testimonio se había grabado, pues la perjudicada, una joven norteamericana de 24 años, abandonó A Limia pocos días después del suceso, ocurrido el 27 de septiembre del 2016. Josué no se había conformado con el rechazo y correcta despedida -«adiós, mucho gusto en conocerte»- por parte de la chica a la que acababa de conocer y con quien pretendía mantener relaciones sexuales. Tampoco creyó, o tal vez no entendió, que la joven norteamericana a la que había abordado en un paseo a orillas del Limia, entre Vilar de Barrio y Xinzo, tuviera una enfermedad de transmisión sexual que le podía contagiar, como le dijo. Insistió en tocarla, manosearla y sobarla, la tiró al suelo, se colocó sobre ella y le bajó hasta las rodillas las mallas que ella vestía, pero acabó desistiendo de su objetivo, no sin antes decir a la chica que no avisara a la policía. Le preguntaron si él la había amenazado, para forzar su silencio. Lo fácil hubiera sido cargar las tintas y decir que sí, pero lo negó. La víctima también reconoció que de haber insistido en forzarla, lo hubiera podido conseguir.

La sentencia de la Audiencia Provincial pondera otros elementos indirectos. La responsable del centro asistencial vio a la joven «desencajada, hablando de manera entrecortada, sudada, hablando muy rápido y superalterada». El guardia civil que le tomó declaración la presentó «un poquito nerviosa y preocupada, sorprendida porque le habían dicho que este era un sitio tranquilo».

También la valoración del forense refuerza la tesis inculpatoria. Aunque no la vio hasta dos días después, sin lesiones externas, su «tono triste y aspecto cansado» apuntaba a un trastorno por estrés postraumático. La perjudicada, sea como fuere, mantuvo su vida. Se duchó, por ejemplo, sin que nadie le hubiera pedido lo contrario. Por eso, las muestras de ADN recogidas en muñecas, cuello y cadera solo permitieron detectar «cantidades muy bajas de ADN humano, que no permiten la obtención de resultados concluyentes», seguramente diferentes si se hubiera aplicado correctamente el protocolo de agresión sexual.

No ahorra la Audiencia, en este punto, una abierta censura al proceder en el centro sanitario del Sergas, en Xinzo, donde «le fue denegada la asistencia gratuita, aduciendo que era extranjera y su seguro médico no tenía cobertura pública», de tal modo que «lamentablemente no se activó el correspondiente protocolo previsto para esta clase de delitos». Y ello a pesar de que la perjudicada fue acompañada al centro sanitario por agentes de la Guardia Civil de Xinzo.

La detención de Josué se había producido a los dos días en la misma villa, al haberlo visto la víctima y otras compañeras.

La sala deja claro en la sentencia, notificada ayer, que en los delitos contra la libertad sexual, cometidos generalmente de forma clandestina, como en este caso, la declaración de la víctima cobra especial relevancia. Y si resulta creíble, si no existe razón espuria que la contamine, como ocurre en este asunto, acaba siendo determinante. El acusado tampoco ofreció explicaciones.

Dos años de prisión y 2.000 euros de indemnización

Opta la sala por la condena que proponía la fiscalía y deja la pena en dos años de prisión. La acusación particular elevaba a tres años su petición. A la hora de fijar la indemnización, la sentencia deja en 2.000 euros la cantidad, la tercera parte de lo solicitado. El imputado había estado en prisión preventiva entre el 29 de septiembre, día de su detención, y el 31 de octubre, fecha en la que la Audiencia lo dejó en libertad.

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