La exedila de personal de Xinzo deriva al alcalde la culpa de los contratos irregulares

Montse Lama, del Partido Popular, asegura que desconocía los criterios de selección


ourense / la voz

La concejala del Partido Popular en Xinzo de Limia Montse Lama, responsable de personal en la etapa en la que firmaron los nueve contratos por los que está siendo juzgado el alcalde, Antonio Pérez, echó ayer toda la culpa de aquellas incorporaciones al regidor. Afirmó la concejala -que en la actualidad es diputada provincial y portavoz del gobierno de José Manuel Baltar- que se limitaba a tramitar lo que le indicaban desde la alcaldía y remitir a la gestoría que se encargaba de las contrataciones los nombres que previamente le daba el regidor. Desconocía, dijo, los criterios de selección del acusado y entonces compañero de grupo. Tampoco sabía, aseveró, si se había hecho algún proceso de selección.

Los trabajadores

Dos de los trabajadores beneficiados por estos contratos reconocieron ayer que tampoco habían pasado proceso abierto alguno para acceder a aquellos contratos temporales. Uno de ellos, no obstante, matizó que se había entrevistado con una administrativa antes de empezar a trabajar. Los dos reconocieron que son militantes del PP y que en algún momento participaron en actividades electorales como apoderados o interventores de esa organización política.

En la segunda sesión de la vista oral que sienta en el banquillo al alcalde de Xinzo, uno de los trabajadores contratados -delegado de la CSIF e interventor del PP- desmintió al acusado, que el lunes había dicho que desconocía la normativa general que desde primeros de año del 2012 limitaba la contratación pública para enjugar el déficit público. Con el alcalde y el teniente de alcalde había tenido en aquella época más de una reunión para tratar sobre el plan de ajuste. El objetivo de aquellos encuentros era buscar vías para recortar salarios y garantizar de ese modo el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La policía entrega una cita

Durante la jornada, por otra parte, la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, María Blanca Díez, ordenó a la policía judicial que tomara las medidas necesarias para citar a la abogada María del Carmen Prado López, hija del ex delegado de la Consellería de Medio Ambiente, Agustín Prado Verdeal. Hasta ahora, todos los intentos de notificación por la vía ordinaria resultaron infructuosos, por lo que la jueza resolvió dar ese segundo paso. Carmen Prado es una de las trabajadoras cuya incorporación al Concello de Xinzo fue anulada por otra sentencia de los juzgados de lo contencioso. La había fichado el regidor para realizar funciones de asesoría jurídica.

La vista oral de este caso continuará durante toda la semana.

El acusado, Antonio Pérez, fue elegido concejal y alcalde como candidato del PP aunque actualmente carece de militancia al haber renunciado a ella al tener conocimiento de la apertura del juicio oral y la petición fiscal de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

A este juicio se llega después de que la Abogacía del Estado hubiera instado los procedimientos que condujeron a la anulación de los contratos recurridos.

Como acusación particular contra Antonio Pérez está personada en la causa la CIG.

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