Los ayuntamientos ourensanos declaran la guerra tributaria a las compañías eléctricas

El pasado día 22 de agosto el vicepresidente de la Diputación ourensana, Rosendo Fernández, firmó más de un centenar de decretos desestimando las alegaciones presentadas por las compañías suministradoras de energía eléctrica contra las sanciones que le impuso la institución provincial en nombre de decenas de ayuntamientos de la provincia. Ourense le ha declarado la guerra a las eléctricas al considerar que no pagan lo que deberían por el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

La Diputación tiene un interés doble en esta materia. Por un lado, la institución provincial está defendiendo los intereses de los concellos ourensanos que tienen delegadas en ella las competencias de recaudación de tributos. Actualmente, más de la mitad de los 92 ayuntamientos de la provincia están en esa situación. Además, las diputaciones tienen la potestad de aplicar un «recargo provincial» y en Ourense está establecido en el máximo posible, de modo que las empresas pagan por el IAE un 40 % más de lo que establece cada cuota municipal para así contribuir a la financiación de la Diputación ourensana.

Diferencias de criterio

Las diferencias de criterio en cuanto al cálculo del Impuesto de Actividades Económicas no son nuevas. Son, de hecho, objeto de debate legal y jurídico desde hace meses. En principio, las empresas comercializadores de energía tienen la obligación de darse de alta y abonar el IAE en todos aquellos municipios en los que utilizan la red de distribución de energía eléctrica para el desarrollo de sus actividades comerciales. El problema es que no existe un epígrafe específico para las compañías eléctricas y de ahí surge la discusión.

El caso es que la Diputación ourensana pidió al Estado la delegación de la inspección de este tributo para poder reclamar la diferencia entre lo que esas empresas pagan y lo que la institución provincial cree que deben pagar, así como una sanción por estar cumpliendo de forma irregular con sus obligaciones tributarias. Tras la reclamación inicial, las compañías afectadas han ido recurriendo una por una todas las multas impuestas por la Diputación, que tiene el servicio de inspección de tributos contratado a una empresa.

Pese a la oposición de las compañías eléctricas a las pretensiones de los ayuntamientos representados por la institución provincial, las alegaciones que presentaron fueron desestimadas en todos los casos por la Diputación. Así, entre el mes de julio y el de agosto el vicepresidente de la Diputación ourensana, que se encarga el área económica en el gobierno provincial, firmó 188 decretos para seguir adelante con las intenciones de cobrar más por el IAE a las compañías eléctricas. La mayor parte de esas sanciones van dirigidas a Gas Natural Comercializadora SA o a otras compañías del grupo, pero también a empresas como Endesa, Viesgo o Factor Energía. Los expertos alertan de que el cobro del impuesto puede ser desproporcionado e incluso contraproducente para la competencia porque, para las firmas con escasa presencia en un determinado municipio, el pago de la cuota puede suponer un coste mayor que el beneficio obtenido en ese territorio. Desde la Diputación dan por hecho que las empresas afectadas seguirán recurriendo y que será la jurisdicción contencioso-administrativa la que tenga que resolver esta discusión.

Tasas

En todo caso, la del IAE no es la única vía que la Diputación ourensana está explorando para cobrar más a las empresas eléctricas. De hecho, el pasado mes de marzo el gobierno provincial del Partido Popular llevó a debate en el pleno de la institución una moción para estudiar la viabilidad de establecer una tasa por la ocupación del dominio público para las líneas de transporte eléctrico o de gas. Este asunto también ha sido objeto de discusión en sede judicial y a finales del año 2016 el Tribunal Supremo dio la razón a los ayuntamientos que comenzaron a cobrar a las eléctricas por ese motivo. De todos modos, los populares explicaban ya entonces que el estudio de esa posibilidad debe hacerse de manera pormenorizada, municipio por municipio, porque en algunos casos la tramitación de una ordenanza sería una pérdida de tiempo ya que las líneas eléctricas apenas afectan a terrenos públicos en la provincia.

La institución provincial estudia también una tasa por el uso de dominio público

Cuatro grandes empresas comercializadoras de energía han sido sancionadas

Vilar de Santos, concello pionero en las reclamaciones a esas firmas, toma nota

El Concello de Vilar de Santos no alcanza los mil habitantes, pero consiguió notoriedad a nivel estatal por la guerra que inició contra los gigantes eléctricos para lograr una relación justa. El Ayuntamiento fue pionero en las reclamaciones por la facturación irregular del alumbrado público y logró, por vía judicial, que la compañía eléctrica suministradora les devolviera cerca de 50.000 euros. Además, tras una inspección, logró otros 6.000 euros por impagos en la tasa por el uso del dominio público. El alcalde de Vilar de Santos, Xar Jardón, que se presentó a las elecciones bajo las siglas de Compromiso por Galicia, se mostró muy interesado en las reclamaciones que se están tramitando en Ourense en relación al IAE y apuntó que estudiará hacerlo también en su municipio.

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