Hace diez años pedían el destierro para la exmujer y la hija del chófer asesinado en Verín

 Fue uno de los casos criminales más sonados en la provincia de Ourense en la segunda década del siglo. Un chófer de Verín, Bernardino Pousa, de 59 años, había sido hallado muerto el 11 de septiembre del 2011 en las cocheras de la empresa en la que trabajaba. Había sido brutalmente golpeado con una barra de hierro en la cabeza y en otras partes del cuerpo y le habían cortado el cuello. La investigación de la Guardia Civil descubrió que su muerte se planeó dentro de su propia familia, con participación, como inductoras, de su mujer y de su hija, y del novio de esta, que se encargó de contratar a un sicario que ejecutase el crimen, al que dio información sobre los pasos de la víctima, asegurándose que llevase a cabo la muerte.

Siguiendo las instrucciones de esposa e hija, el novio, Alberto Vázquez, contactó con el ejecutor en un club de alterne de Verín y acordó pagarle 5.000 euros por matar a Bernardino. Antes del 11 de septiembre, hubo otros intentos frustrados de acabar con la vida del chófer, pero los autores los tuvieron que descartar. Esa jornada, el chófer regresaba de un desplazamiento a Vigo y se encontraba solo en las cocheras. Mientras Ilidio Magalhaes, el Cobra, le daba muerte, el novio esperaba en el exterior de la nave de la empresa Guerra. Luego trasladó al asesino a una finca, mientras se reunía con su novia, Ángeles Pousa, que lo esperaba en un bar tomando algo. Esta le dio el dinero, aportado por la madre, para pagar al asesino.

Los investigadores sospechaban desde el principio que en el entorno familiar podían estar los autores. El matrimonio se estaba separando desde hacía un mes y había desavenencias sobre el reparto del patrimonio. La Guardia Civil colocó micrófonos en el coche de la ex, Dolores Álvarez. Seis meses después, en marzo del 2012, comenzaban las detenciones de los implicados. Primero cayeron la hija y su novio. Días después, la exmujer y el sicario. Ellas negaron en todo momento que quisiesen matar a su padre y marido. Lo más que llegaron a admitir fue que querían darle un susto para que desistiese de la idea del divorcio. El novio colaborador acabó por confesar el plan ante la Guardia Civil, ayudando a esclarecer el caso.

Con la investigación atada en sus puntos principales, los sospechosos pasaron a disposición judicial y se inició la fase de instrucción, que correspondió al juzgado uno de Verín. Menos de un año después, trascendía lo que solicitaba la Fiscalía de Ourense para los cuatro acusados. Las penas más altas se reclamaban 22 años de prisión, para las dos mujeres instigadoras pedían 20 años de prisión y para el novio de la hija de la víctima, 17 años. Para todos ellos, la Fiscalía solicitaba el destierro, un alejamiento territorial del partido judicial de Verín de entre 27 y 32 años, según los casos, apreciando las agravantes de precio y de parentesco para las dos familiares. En el municipio residían familiares de Bernardino, como un hermano y sus nietos, los hijos de la hija que urdió, con su madre, el plan para matar al chófer. Ese escrito de la acusación pública se sumaba a una causa que acumulaba más de tres mil folios en la instrucción y que ya encaraba su fase intermedia hacia el juicio oral.

Este, con tribunal de jurado, se celebraba en febrero del 2014 en la Audiencia de Ourense, casi dos años y medio después de la violenta muerte de Bernardino Pousa, con una veintena de testigos y una decena de peritos citados. Ante el jurado popular, Ilidio Magalhaes admitió que lo habían contratado para dar un escarmiento al chófer. Contó que le pegó dos golpes con la barra de hierro, pero negó haberlo degollado. Aseguró, incluso, que el hombre quedaba con vida. El intermediario reconoció su participación para contratarlo por encargo de su novia y la madre de estas. Ambas negaron todo, ni que hubieran planeado una paliza ni la muerte de su familiar.

Finalmente, los jurados creyeron a las acusaciones y declararon culpables a los cuatro. La sentencia de la Audiencia les impuso a todos altas penas de cárcel: 22 para el autor material, 20 para las parientas inductoras y 16 para el exnovio intermediario. No hacía mención la sentencia a penas adicionales de alejamiento de Verín, como solicitaba el escrito inicial de la Fiscalía, aunque sí a las accesorias de inhabilitación. Los condenados recurrieron a las instancias judiciales superiores (TSXG y Tribunal Supremo) para atenuar sus penas, pero los dos altos tribunales las ratificaron.

Consulta aquí cómo contaba La Voz en junio del 2013 los avances de la investigación

---

---

---