Los familiares de la víctima siguen intentando que la jueza que llevó su caso sea sancionada por no haberla protegido de su marido
03 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Hace un lustro, el 2 de abril de 2015 comenzó en Pazos (Verín) una pesadilla judicialmente ya cerrada, pero que sigue abierta anímica y jurisdiccionalmente para la familia de una mujer de 65 años, Isabel Fuentes, la víctima de un horripilante asesinato machista.
Aquel día, su marido, un ex carnicero llamado Aniceto Rodríguez, intentó matarla. La golpeó con un martillo en la cabeza, dejándole heridas gravísimas por las que la víctima permaneció en coma casi un mes. Semanas después y tras las advertencias de la Guardia Civil a la jueza instructora del caso en relación a que Aniceto era para ellos el principal sospechoso de aquel ataque, el asesino decidió enmendar su primer error. Asestó el 8 de mayo cuatro puñaladas a Isabel, que convalecía en una habitación del CHUO, y acabó con la vida de la mujer. Aquello provocó una enorme estupefacción entre los vecinos y familiares -no había denuncias previas por maltrato en este caso-, pero todo Verín se manifestó y urgió que la justicia actuara con rapidez y contundencia contra el criminal.
Así sucedió. Su detención fue inmediata y el proceso judicial ágil. El homicida fue juzgado en junio del 2017 y condenado a 31 años de prisión, diecinueve por el asesinato consumado y doce por la agresión en Pazos. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año, pero Aniceto Rodríguez cumplió una pequeña parte de la pena, ya que murió a los 78 años, en septiembre del 2018, en la prisión de A Lama, a causa de un fallo cardiovascular. Previamente ya había padecido un ictus.
Sin resolución
Cinco años más tarde, aún colea un fleco relevante en este caso. La familia de Fuentes y su letrada, Beatriz Seijo, siguen considerando que la magistrada debe ser sancionada por negligencia, por no haber protegido debidamente la vida de la fallecida tras el ataque en su vivienda. «Aún estamos pendientes de la resolución definitiva, para que el Consejo General del Poder Judicial se pronuncie sobre nuestro recurso tras la exoneración de la instructora por parte del promotor de la acción disciplinaria». Se trata de la segunda alegación de la abogada. La primera, fue atendida por el Tribunal Supremo, que instó a que se realizaran más pruebas testificales y documentales tras un primer pronunciamiento del CGPJ que no consideraba que la togada hubiera cometido alguna irregularidad.
Tras la realización de esas nuevas pruebas y testificales, miembros de la Guardia Civil de Verín declararon en 2019 que la jueza, ante sus peticiones sobre que se detuviera a Aniceto o se tomaran medidas para alejarle de Isabel, advirtió a los agentes que no activaría medidas de protección en este caso. La familia sigue pidiendo «que se haga justicia y se tomen medidas contra la jueza». Si no es así, no descartan llevar el caso ante la justicia internacional. Los primos de la fallecida -no tenía ni hermanos ni hijos- continúan muy afectados por lo sucedido y se han mostrado muy críticos por lo que consideran un «corporativismo judicial» que ha dejado sin castigo a la instructora. Después de cinco años, siguen pidiendo justicia para evitar que «algo así se pueda volver a repetir».