Verín y la mancomunidad congelan la tasa de la basura tras separar el servicio

Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra y Vilardevós sacarán la gestión a concurso


verín / corresponsal

El grave problema creado desde hace semanas tras la salida formal del Concello de Verín del servicio mancomunado de recogida de basura va camino de arreglarse. A partir del 1 de enero, Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Monterrei, Oímbra y Vilardevós tendrán un servicio gestionado por una empresa privada. Verín, por el contrario, asumirá el suyo con medios del propio ayuntamiento.

«El servicio continuará exactamente igual que hasta ahora. No subiremos la tasa anual los vecinos (53 euros). Contamos con dos chóferes y dos peones para la recogida, que asumiremos de la anterior concesionaria de la Mancomunidad», explicaba el alcalde de Verín, Gerardo Seoane. Y añadía: «Dispondremos de dos camiones, además de otro adicional que alquilaremos hasta la adquisición de uno nuevo».

Se mantendrá el servicio con la misma efectividad, periodicidad y rutas que hay actualmente.

El planteamiento de los otros seis municipios será diferente. El presidente de la Mancomunidad, José Luis Suárez Martínez, manifestó que se irá a una licitación por un procedimiento negociado de urgencia entre cuatro empresas del sector. Se descarta así un traspaso a la Diputación del servicio durante 2020.

El coste de esa licitación rondará los 272.000 euros. El período será de seis meses, prorrogable otro medio año. «Confiamos en que la semana que viene podamos adjudicar definitivamente esa recogida. Pensamos que habrá alguna ventaja y mejora en las condiciones del servicio y escogeremos la mejor oferta de las que se planteen», comentó Suárez. La mancomunidad contará con dos camiones y cinco operarios de la antigua concesionaria. Serán dos chóferes y tres peones. «Vamos a ir contrarreloj, pero esperamos que todo pueda estar ya listo para inicio del año entrante», dijo el presidente del organismo.

La alternativa de ceder el servicio a la Diputación supondría un coste de 550.000 euros anuales, por lo que cada Concello debería abonar por habitante 55 euros al ente provincial.

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