El fiscal pide que los dos acusados, ambos de origen marroquí, sean expulsados del país
11 ene 2019 . Actualizado a las 08:19 h.La presunta venta de ropa falsificada llevó ayer al banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense a dos ciudadanos de origen marroquí para los que el Ministerio Fiscal solicita la expulsión del país.
El caso se remonta al mes de julio del 2015, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron en Verín una camioneta de reparto en la que se transportaban once cajas cerradas. Cuando se inspeccionaron esos paquetes se descubrió que en su interior había numerosas prendas que simulaban ser de marcas de lujo, aunque en realidad eran falsificaciones. Se localizaron, en concreto, 1.817 artículos de vestir, entre los que había pantalones, calzoncillos y polos que aparentaban ser de marcas conocidas como Ralph Lauren, Calvin Klein, Fred Perry o Lacoste.
Según sostiene la acusación todas esas prendas las habían enviado desde la localidad portuguesa de Chaves los dos acusados, Hamza N. y Redouane N. ambos con residencia legal en España que, según el ministerio público, se dedican «de modo habitual» a la venta en España de productos falsificados. Para conseguir su propósito, los sospechosos utilizarían los servicios de distintas compañías de transporte, evitando de esta forma ser ellos quienes transportaban la mercancía, lo que seguramente les comportaría un mayor riesgo.
En todo caso se sospecha que en este caso fueron ellos quienes, en la tarde del 21 de julio, entregaron toda esa mercancía al conductor de una empresa de transportes, quien la transportó hasta la localidad de Verín, donde fue interceptado el vehículo. Precisamente el conductor de ese furgón tuvo que declarar ayer por estos hechos en el juzgado. Se cree que las prendas de vestir se distribuían más tarde entre distintos negocios o vendedores ambulantes de la comarca.
Considera el fiscal que el beneficio que los dos imputados hubieran podido percibir si las fuerzas de seguridad no hubiesen frustrado esa operación habría sido de 13.755 euros. Cree esta parte que los hechos son constitutivos de un delito contra la propiedad industrial, castigado con la pena de dos años de prisión. Eso sí, en este caso la fiscal reclama que en caso de condena los sospechosos sean expulsados del territorio nacional durante ocho años. También pide que las marcas afectadas por la falsificación sean indemnizadas.