Reclama al Sergas 500.000 euros por posibles negligencias en la atención en la recta final de su embarazo y el parto

La mujer perdió el bebé por lo que considera una mala praxis sanitaria


ourense / la voz

Una mujer de 37 años ha presentado una reclamación patrimonial de 500.000 euros contra el Sergas por los daños y perjuicios que sufrió tras lo que considera una «negligente actuación de los servicios sanitarios» del CHUO.

El 15 de julio de 2016 Beatriz Rodríguez, que se encontraba en período de gestación, acudió a urgencias del Hospital de Verín por un sangrado vaginal. Tras realizar las oportunas comprobaciones, le confirmaron que el embarazo seguía según lo previsto y le hicieron seguimiento en las semanas posteriores. Sin embargo, al tratarse de una paciente con obesidad mórbida, diabetes gestacional e hipotiroidismo, el parto programado para el 28 de noviembre se derivó al CHUO.

El 4 de noviembre, antes de la fecha señalada para el alumbramiento, Beatriz acudió a urgencias nuevamente por «dinámica uterina cada diez minutos sin pérdida de líquido amniótico y con percepción de movimientos fetales». Según recoge el escrito presentado por su representante legal, «a pesar de que faltan valoraciones médicas tanto de nefrología como de endocrinología, todo está correcto; el feto se encuentra en posición cefálica, pesa unos 3.900 gramos está reactivo, la placenta está bien y el feto tiene latido».

Sin haberse producido el parto por cesárea -algo que recomendaban los informes médicos por los diferentes riesgos que aunaba- el 2 de diciembre acudió a consulta médica nuevamente «donde le informan de que el feto pesa unos 4.400 gramos y que el parto sería natural» y le dan cita para el 7 de diciembre realizarle un test basal. Ese día fue la primera vez que la demandante no escuchó el latido del bebé mientras la observaban. Pero el escrito de acusación afirma que le dicen que todo está correcto y que entregue el resultado de las pruebas a su médico. «Antes de entregarlo, va al excusado y nota que por la vagina sale un flujo amarillento con mal olor, lo comenta a la enfermera que le recoge los resultados del basal y le piden que espere para revisarla. Le hacen una exploración, cogen muestras y practican una ecografía en la que aprecian que hay ausencia de líquido amniótico. La envían con otra ginecóloga para realizar otra ecografía y muy nerviosa comenta la profesional que no encuentra el latido al feto», narra el escrito.

Acto seguido le realizaron un nuevo basal y le comunicaron a ella y a su marido que el feto no tenía latido y que debían ingresarla de urgencia para provocarle un parto natural, según explica la abogada. «Tras múltiples esfuerzos, el feto no avanza y los enfermeros inician diversas maniobras, consiguiendo alumbrar la cabeza del bebé. Dado que el feto no puede extraerse más y se encuentra anclado en la vagina por el cuello -a pesar de la episotomía realizada- deciden practicar una cesárea, por lo que someten a una intervención urgente y no programada en los mínimos más esenciales para finalmente caer en la cuenta de que son incapaces de introducir al feto para extraerlo por el abdomen si no es decapitándolo. Por tanto, vuelven a cerrar y acaban por romperle los hombros al bebé para extraerlo final y angustiosamente por vía vaginal», incide la acusación. El bebé nació muerto.

Tras todo lo ocurrido se le diagnosticó una sepsis abdominal diez días después del parto tras sufrir intensos dolores y tuvieron que realizarle otra intervención quirúrgica de nueve horas en la que tuvieron que extraerle varios órganos para limpiar la infección. La denuncia mantiene además que, un año y un mes después, «no se dispone todavía de los resultados de la autopsia del feto para conocer si ha existido una negligencia médica susceptible de responsabilidad penal por delito».

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