El juicio por el asesinato de una mujer en el CHUO hace 2 años evidenció diferentes enfoques a la hora de actuar
25 jun 2017 . Actualizado a las 11:07 h.Corresponde a dos magistradas y al presidente de la Audiencia Provincial analizar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Isabel Fuentes el 8 de mayo del 2015, apuñalada en una habitación del CHUO. La sala también dirá qué ocurrió en Pazos en la noche del 1 al 2 de abril anterior. Determinará las responsabilidades penales de Aniceto Rodríguez Caneiro, y dictará una sentencia, cuyo fallo será susceptible de recurso. Los cuatro días que duró el juicio permiten ver este dramático suceso con mejor perspectiva. La Audiencia se limitará a pronunciarse sobre dos asesinatos, uno consumado y otro intentado. La eventual responsabilidad de la administración, o de sus actores, es otra historia.
los martillazos
La sospecha. El inicial episodio, el pretendido robo con agresión en la vivienda de Pazos ocurrido en la noche del 1 al 2 de abril del 2015, ya sonó a homicidio y a violencia de género al primer guardia civil que entró en la casa. Tan claro lo tuvo que, aquella misma madrugada, a una hora impropia para cualquier ciudadano, llamó por teléfono a su capitán para trasladarle su impresión. También al primer neurocirujano que la atendió en el CHUO le parecían extrañas las lesiones. La pista estaba tan clara que cuando la Guardia Civil envió al Juzgado de Verín su primer atestado, con el robo como referencia, hicieron saber verbalmente sus sospechas a la jueza, que, aquel mismo 6 de abril, decretó el secreto de sumario. «Las líneas de investigación» que se seguían, decía la resolución, hacían conveniente que «las diligencias no fuera conocidas por las partes, salvo el ministerio fiscal». El 7 de abril, la Guardia Civil citó a Aniceto, pero no como investigado, para no desvelar sus sospechas. Buscaban más contradicciones para refrendar la tesis.
la hospitalización
Seguridad. Con Isabel Fuentes hospitalizada en Reanimación, donde era muy difícil que pudiera ser atacada, aunque las sospechas eran cada vez más sólidas, la Guardia Civil obró con prudencia. ¿Por qué no lo detuvieron, entonces o después, si tan claro lo tenían? No había prisa. La víctima estaba segura y los investigadores querían todo atado. Nadie, ni entre sus vecinos, ni en su entorno familiar había visto una discusión, ni oído una voz más alta que otra, ni atisbado una mirada que alentara alguna duda. La inesperada y sorprendentemente buena evolución de Isabel disparó las alarmas. El 16 de abril comunican desde el CHUO a la Guardia Civil que la paciente puede salir de Reanimación y pasar a planta. El responsable de la investigación se lo traslada a la jueza, quien, al parecer, deja claro que nada tiene que objetar a los criterios médicos. Las pruebas de criminalística no habían llegado. La opción era pedir en Reanimación -como hicieron el 17 de abril- que retuvieran a la paciente en aquella sección. Tres días después, les confirman que allí seguiría. El 23 iba a pasar a planta, pero el traslado efectivo no se produjo hasta el 29, a una habitación con dos pacientes despiertas, situada delante de la zona de enfermería. Con una puerta abierta sería difícil una agresión. El calendario presionaba. El 24 de abril, viernes, ya estaba preparado el segundo atestado sobre «homicidio intentado». El responsable de la unidad de policía judicial de Verín declaró en el juicio que intentó entregarlo ese día, pero la jueza estaba de fin de semana. Le pareció urgente y trató de hablar por teléfono con ella tanto el sábado como el domingo. No lo logró hasta el martes 28. La jueza ya les había denegado la intervención telefónica y el oficio al hospital, que era lo que pedían para prorrogar una semana la hospitalización en Reanimación. De la aparentemente segura 413, a causa de la infección de otra paciente pasó Isabel el 2 de mayo a la 417. Más alejada. Aquí fue donde, la madrugada del 8 de mayo, la primera noche que no quedaba ningún familiar de la otra paciente, Isabel fue apuñalada.
la familia
Responsabilidades. La muerte de Isabel Fuentes, con sus dramáticas circunstancias, trajo a primera línea a sus primos. Estupefactos. Pronto trascendieron las diferencias de criterio entre la Guardia Civil y la jueza. Entró en escena la abogada Beatriz Seijo. Aparte de personarse en la causa, para ejercer la acusación particular, la familia acudió al Consejo General del Poder Judicial para pedir que se sancionara a la jueza. La reclamación no prosperó. La letrada quería que el CGPJ conociera detalles, interioridades y desencuentros, de tan fatal desenlace. Pretendía que escucharan al sargento. No aceptó el Consejo ni esa declaración, ni otras. La decisión de archivar, sin admitir más prueba, fue objeto de un contencioso, hoy pendiente de resolución en el Tribunal Supremo. Es el último recurso de la familia en su cruzada contra la jueza. Es en ese contexto, de aceptarse el testimonio, en el que tendrá el sargento ocasión de explicar más de lo que ha esbozado en la Audiencia. Se podrá saber entonces si, como en privado indican en círculos de la Guardia Civil muy reducidos, aquel 28 de abril le advirtieron de manera expresa en la calle Irmáns Montero de Verín que, si detenía a Aniceto, sería su responsabilidad, pues quedaría en libertad de forma inmediata.
las diligencias
Tres. Las primeras, rutinarias, sobre robo, con la anotación de que «se siguen varias líneas de investigación». Las segundas, más completas, con la investigación avanzada, sobre homicidio en grado de tentativa. Este segundo atestado, según un escrito remitido por la Fiscalía a la abogada Beatriz Seijo, que lo había solicitado para incorporarlo a la denuncia contra la entonces titular de Instrucción 1 de Verín, «no fue entregado directamente a la fiscal encargada del despacho del asunto, que tuvo conocimiento del mismo por conversación telefónica con la juez, que desde luego nada ocultó a la fiscal sobre los antecedentes y sospechas puestas de manifiesto, si bien valoró que tales sospechas no tenían consistencia para atender las medidas solicitadas». Las terceras, el 8 de mayo, eran poco más que un telegrama. A Isabel la acababan de apuñalar. Ese mismo día, a las diez y media de la mañana, el sargento de Verín tenía previsto entrevistarse en Ourense con la fiscal que entonces tenía asignado el caso. No llegó a celebrarse la reunión. Tres días antes, el teniente coronel de la Guardia Civil había trasladado por teléfono su preocupación por el caso al fiscal jefe de Ourense.
la negativa
Meras conjeturas. Con fecha del 28 de abril, cuando el sargento acudió al juzgado para ampliar verbalmente los detalles que fueran necesarios, la jueza dictó el auto en el que denegaba las peticiones. Las tesis que apuntaban a Aniceto Rodríguez, decía, eran «meras conjeturas, que no indicios claros, de la comisión del hecho que se le imputa en vía judicial al esposo de la víctima» (de la primera agresión). Conjeturas «perfectamente rebatibles», añadía con referencia expresa a las «suposiciones del (guardia civil) instructor de las diligencias». La copia para la fiscalía del último informe, el del homicidio, aún estaba en el Juzgado de Verín.