Solicitan penas que suman más de 17 años de prisión para el exalcalde de Verín Santiago Cid Harguindey

Un exsocio en la empresa «Mirador de Monterrey» le reclama 152.000 euros por apropiación indebida


ourense / la voz

Estaba citado en un juzgado de lo penal, pero Santiago Cid Harguindey, exalcalde de Verín y exvicepresidente de la Diputación, volverá al banquillo de la Audiencia Provincial, que ya conoció en el año 1990. Entonces fue juzgado e inhabilitado durante diez años por un delito contra los derechos cívicos y otro de prevaricación, al no haber permitido a la oposición el acceso a información municipal. Ahora, un antiguo socio en la empresa Mirador de Monterrey S.A. le atribuye cuatro delitos societarios, uno de falsedad y otro de apropiación indebida o administración desleal.

La fiscalía le imputa únicamente la apropiación de 1.960 euros de la firma de la que administrador y socio mayoritario, por lo que solicita una condena de un año y seis meses. Con esa petición sería competente el juzgado de lo penal, pero las propuestas de condena que formula la acusación particular, ejercida por el socio que tenía una cuarta de la firma, supera los once años de prisión y por ese motivo debe resolver el caso la Audiencia.

La jueza de Verín 2 había advertido en febrero del 2016, al dictar el auto de incoación de procedimiento abreviado, indicios de todos los delitos que aprecia la acusación particular, dirigida por el abogado Arturo Castrillo. Es dudosa, decía la jueza, la celebración de tres juntas anuales, supuestamente al margen del querellante, Manuel Sánchez Rodríguez. Mantiene este último que formuló falsamente las cuentas anuales de los ejercicios del 2008 al 2010, al omitir unos ingresos de 1.960 euros satisfechos por un perito a la sociedad. Tampoco se produjo, añade, el ingreso de 150.000 euros correspondiente a la parte pendiente de pago de una finca en Monterrei. Añade la acusación particular que existe una distracción de dinero en beneficio del querellado, «mediante el otorgamiento en escritura pública de un reconocimiento de falsa deuda otorgado por el acusado que solo pretende encubrir la defraudación realizada a la sociedad para justificar la apropiación de 150.000 euros».

Las peticiones de condena del querellante incluyen, aparte de varias multas, tres años de prisión por apropiación indebida; dos años por cada uno de los cuatro delitos de falsedad y penas que van entre dos años y nueve meses por cada uno de los cuatro delitos societarios que le atribuye. En total, más de diecisiete años de prisión. Reclama para la sociedad 150.000 euros por un lado y 1.960 euros por otro.

El ahora acusado había sido alcalde de Verín y fue inhabilitado durante diez años en 1990, aunque no dejó sus cargos hasta que la sentencia fue firme en 1993 y el Tribunal Constitucional, al que acudió, le negó amparo. Volvió a la política local en el 2003 con una candidatura independiente que obtuvo tres concejales y participó en el gobierno local durante un mandato. En el 2007, los malos resultados cosechados en las urnas lo llevaron a renunciar, dejar la política y marchar al País Vasco, donde residía su familia y tenía otros negocios.

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