Un juez anula la licencia para hacer del castillo de Monterrei un parador

La sentencia, que será recurrida por la Xunta, considera que no se ajustó al PXOM


Verín

Una sentencia del juzgado de lo contencioso1 número dos de Ourense anula las licencias urbanísticas de obra concedida en mayo del año pasado por el Concello de Monterrei a la Xunta para la reconversión de parte del castillo en parador turístico. El juez estimó el recurso presentado por tres personas físicas ?entre ellas el alcalde de Verín, Gerardo Seoane? contra la obra que remodeló la fortaleza para darle un uso hostelero.

El juez da la razón a los recurrentes, que denunciaban que el proyecto de rehabilitación no cumple con la ordenanza especial que recoge el PXOM para la fortaleza. El documento especial que se creó para la obra no se ha cumplido. «Solo se permite el uso hostelero de categoría segunda y en el presente caso se excede tanto el número de habitaciones totales permitidas (10) como la superficie máxima (300 metros cuadrados)», recoge la sentencia como argumento de los demandantes. Son en realidad 12 habitaciones. El Concello esgrimió que están repartidas en 2 edificios, por lo que debían contarse por separado; y la Xunta alegó que los metros cuadrados edificados únicamente deberían sumarse los de habitaciones y baños, «en cuanto que el resto son de uso público y cultural». Pero el juez ve probado que no es así. «Es evidente que el complejo hostelero excede dicha superficie ?dice la sentencia, aludiendo a un informe de dos arquitectas? en el que hacen constar que la superficie total de habitaciones del pazo más el rectoral es de 440,97 metros cuadrados, por lo que aún entendiendo que solo debiera computarse el espacio destinado a habitaciones, excluyendo el resto del inmueble por considera que puede visitarse por cualquier persona, lo cierto es que el mismo rebasaría con creces los 300 metros cuadrados». Tampoco acepta el juez que deban computarse por separado las siete habitaciones del Pazo dos Condes y las cinco de la rectoral. «La interpretación que ofrece la administración, considerando ambas edificaciones como independientes es forzada, ya que las dos forman parte de un mismo conjunto y de una misma explotación ?dice la sentencia?. Lo contrario conduciría a permitir instalaciones hosteleras que ocupen una superficie indefinida, pero que se repartan en edificios independientes, de modo que ninguno de ellos rebase ni la superficie máxima, ni el número de habitaciones. Así, podrían crearse auténticos complejos hosteleros con cientos de habitaciones, lo cual entiendo que es contrario al espíritu y finalidad perseguida por la norma».

 El abogado de los recurrentes, vinculados a la plataforma en defensa do castelo de Monterrei, Alberto Vega, consideró que el fallo del juez «es muy claro».  Y añadió: «La licencia urbanística otorgada por el Ayuntamiento contraviene en varios aspectos los preceptos del planeamiento local, que curiosamente había sido aprobado dos meses antes de la concesión de esa licencia».

La sentencia no es firme y, aclaró el abogado, no tendrá efecto práctico alguno hasta el fallo definitivo del TSXG. Además, condena a la administración demandada (Concello de Monterrei y la Xunta) a abonar las costas, con un máximo de 500 euros.

La sentencia, no obstante, desestima otros argumentos de los demandantes. Rechaza el argumento de que el castillo debe considerarse «conjunto histórico» y no monumento, porque está así catalogado. Por eso el procedimiento para conseguir licencia ?que obliga a contar con una autorización expresa de Consellería de Cultura? se cumplió (y por partida doble). Tampoco estimó el juez el punto relativo a que el PXOM de Monterrei exige un plan especial para actuar en la zona de protección de la fortaleza, ya que el propio documento recoge que valdría una ordenanza.

Pese al fallo judicial, la Dirección Xeral de Turismo hizo una valoración muy favorable de la resolución. «A xustiza ratifica a continuidade e legalidade do uso hoteleiro do castelo», explicaba en un comunicado. Dijo que el único punto estimado «constitúe un tecnicismo». Anunciaban que recurrirán al TSXG para pedir que se contabilicen por separado las edificaciones. «Se chegase a ser necesario, poderíase modificar cunha solución fácil e áxil», añadía el comunicado.

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