Definición de revolución: cambio radical, profundo y permanente respecto del orden establecido preexistentemente. No es un término totalmente exagerado para describir lo sucedido desde el 13 de junio en el Ayuntamiento de Verín.
El nuevo bipartito de PSOE y BNG (10 ediles, por 7 del PP) ha tomado varias medidas polémicas, apresuradas o populistas para unos (un dirigente local del PP afirmó extraoficialmente «estos están totalmente pirados»). Justas, oportunas y realistas para otros. Lo cierto es que al regidor verinense le podrán acusar de cosas pero no de haber estado parado estos cien días.
El ejecutivo municipal liderado por el arquitecto Gerardo Seoane y que tiene como portavoz al joven nacionalista Diego Lourenzo ha empezado a poner en marcha en estos tres meses una batería de iniciativas para plasmar su programa de gobierno con varios ejes. La recuperación de concesiones municipales privatizadas era una, la transparencia, otra, y el reforzamiento de los servicios sociales, la tercera. La cuarta, directamente, convertirse en la antítesis de la pasada gestión municipal del PP.
Dicho y hecho. A los pocas jornadas de tomar posesión el bipartito anuló uno de las últimas adjudicaciones del exregidor popular Juan Manuel Jiménez, una obra viaria en la calle Primero de Mayo, por supuestas irregularidades formales en su tramitación.
La supresión por la vía rápida (en un pleno urgente) de la peatonalización del casco viejo, decidida por Jiménez hace tres años, y que había provocado una gran contestación entre vecinos de la zona histórica, fue lo siguiente. Pocos días después empezó a llegar lo fuerte.
La ruptura del contrato con Vendex para la regulación del sistema ORA fue una de las apuestas inmediatas del ejecutivo. A finales de julio, la relación contractual con la polémica compañía pasó directamente a la historia.
La segunda resolución tuvo que ver con la lonja agropecuaria, con la concesión adjudicada a Pazo de Carregal. La adjudicataria no pagaba el canon al Concello. La solución: la gestión vuelve al Ayuntamiento. La tercera fueron los radares para control de velocidad en varias calles de la localidad, planificados por el PP, y ya adjudicados a una empresa, que ahora planea demandar al Ayuntamiento. El regidor decidió que no serían instalados por considerar que esos aparatos supondrían una «sangría» para los bolsillos de los conductores locales.
Los planes para recuperar también cuanto antes la gestión del párking subterráneo y, sobre todo, la concesión del abastecimiento de agua, están ya en marcha. La disputa por las obras del auditorio con la empresa constructora fue otra de las notas destacadas de este período aunque parece que los trabajos terminarán en plazo.
La construcción de un geriátrico en el viejo mercado o la puesta en marcha de centros de día para ancianos aún deberán esperar. La rebaja del IBI o la creación de nuevo suelo industrial, también.