La justicia espera en Ourense al fugado responsable de Las 5 Jotas por una obra ilegal en Cea

La Voz OURENSE / LA VOZ

SAN CRISTOVO DE CEA

EUROPOL

Condenado en Vigo por un millonario fraude fiscal, cuando aparezca será juzgado por delito urbanístico

23 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La cita en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense es seguramente un problema secundario para José Manuel Costas. El gerente de Las 5 Jotas, una firma que adquirió gran notoriedad a raíz de que se destapara una trama que posibilitó un millonario fraude fiscal, tiene en Ourense cuentas pendientes con la justicia. La fiscalía lo acusa de un delito contra la ordenación del territorio por una construcción que promovió en Fondo de Cea en el año 2011 para exposición de las construcciones de madera que constituían el eje central de su frustrado negocio. Está en paradero desconocido. No se le pudo citar con todas las garantías. La vista oral que se iba a celebrar ayer se suspendió sin fecha a la espera de que la Interpol lo encuentre. En Vigo, de todas formas, lo esperan para que cumpla de manera efectiva una condena a seis años de prisión.

La fiscalía acusa en el mismo procedimiento a José Manuel Costas y a Pedro Miguel Rodrigues, que lo sucedió al frente de la empresa que promovió la construcción en una zona donde no era posible tal actuación, pues se trata de suelo catalogado como rústico de protección ordinaria.

Costas había adquirido el terreno por escritura pública el día 5 de mayo del 2011. En calidad de administrador de la empresa Chita de las 5 Jotas de Galicia S. L. promovió la explanación y excavación de una parcela, junto con la construcción de muros de contención de piedra, para instalar una edificación de 85 metros de largo por 25 metros de ancho.

La fiscalía subraya que el fugado gerente y máximo responsable de Las 5 Jotas fue administrador de la empresa al inicio de las obras y hasta el año 2014. La adquisición del terreno y la posterior inversión se acometió por medio de la empresa Igonal XXI S.L., de la que Costas fue administrador hasta junio el 2011, fecha en la que asumió el cargo el segundo de los acusados en este procedimiento, Pedro Miguel Rodrigues.

El ministerio público mantiene que el fugado cesó en el cargo y provocó el nombramiento de nuevo responsable al saber que la construcción no era legalizable ni siquiera susceptible de serlo, debido a la calificación del suelo y al hecho objeto de que el Concello de Cea careciera en aquel momento de planeamiento urbanístico. La acusación sostiene que los dos acusados actuaron en connivencia y que, además, Pedro Miguel Rodrigues siguió adelante «sabiendo que la construcción era ilegal». La demolición está presupuestada en 10.500 euros.

Para la suspensión de la vista oral, que estaba previsto celebrar ayer, el juez valoró no solo la ausencia de uno de los acusados, sino también que faltaba alguna citación en la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de Galicia, que detectó la irregularidad.

La petición de condena que la fiscalía plantea es de un año de prisión y multa de 3.240 euros para cada acusado por delito contra la ordenación del territorio.