Siete concellos renuncian a obras para dedicar ese dinero al pago de deudas

La oposición censura la discrecionalidad en la adjudicación de los planes provinciales


ourense / la voz

Pese a las señales de recuperación, muchos ciudadanos aún no han salido de la crisis económica. Tampoco las Administraciones. Los gobiernos locales de siete concellos de la provincia han renunciado a la ejecución de obras para dedicar ese dinero a gastos más urgentes. La Diputación de Ourense aprobó ayer los conocidos como planes provinciales para el año 2017, que incluyen una obra a petición de todos y cada uno de los 92 concellos de la provincia. El gobierno, como en años anteriores, habilitó un mecanismo para que los ayuntamientos en dificultades económicas pudiesen dedicar el dinero a otros cometidos y a esa posibilidad se han acogido Avión, Os Blancos, A Bola, Larouco, Lobeira, Porqueira e San Cristovo de Cea.

Según explicó el portavoz del ejecutivo popular, Plácido Álvarez, esos concellos acreditaron «a súa insuficiencia financeira manifesta» y renunciaron a ejecutar obras. A cambio, ahora podrán dedicar el dinero que les correspondería -58.000 euros por ayuntamiento- a la amortización de deuda o a gastos corrientes relacionados con la prestación de servicios mínimos obligatorios. Los otros 85 concellos de la provincia harán pequeñas obras.

La mayor parte de ellas las contratará la Diputación y, precisamente, este asunto fue objeto de debate en el pleno provincial de ayer. Democracia Ourensana defendió una moción en la que pide el incremento de la partida destinada a cada obra para así impedir que su contratación sea adjudicada a dedo «a sus cuatro amigos», dijo Gonzalo Pérez Jácome. PSOE y BNG se sumaron a las críticas a la «discreccionalidade» en el reparto de esas actuaciones entre las constructoras de la provincia. Plácido Álvarez defendió, por su parte, la legalidad de la actuación del ejecutivo y recordó que rebajaron de 200.000 a 50.000 euros el límite mínimo para realizar contrataciones por procedimiento negociado. Dijo, no obstante, que «como non o valoran» le pedirá al presidente que olvide esa limitación.

El BNG se quedó solo en su petición de cesar al asesor cultural investigado

Aurelio Gómez Villar es asesor de Cultura en la Diputación ourensana pero en el año 2006 era concejal de Comercio en el gobierno local. De aquella época vienen los hechos por los que está siendo investigado: la compra de unos altavoces que nunca llegaron a ser utilizados en la tienda de Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana. El BNG presentó ayer una moción pidiendo al presidente de la Diputación el cese de Gómez Villar, pero esa petición fue rechazada por el gobierno y por DO y el PSOE se abstuvo. En la sesión de ayer se aprobó, además, la primera modificación presupuestaria del año (en su mayor parte para reducir deuda). También se acordó poner en marcha un mapa de emergencias provincial, un plan de protección contra el amianto propuesto por el PSOE, la puesta en marcha de la red de auditorios o un programa de empleabilidad para los concellos, que propició un intenso debate sobre lo que la Diputación puede hacer o no contra el paro.

El gobierno celebra el archivo del caso depuradoras y el PSOE estudia recurrirlo

El pleno de ayer en la Diputación ourensana debatió una moción del PSOE en el que solicitaba una mayor colaboración de la institución con los ayuntamientos para sostener los costes de las depuradoras compactas instaladas en decenas de núcleos rurales. Son las mismas plantas de tratamiento de aguas residuales del conocido como caso depuradoras, en el que un juez investigaba un supuesto fraude de fondos europeos que acaba de archivar. El presidente de la Diputación, José Manuel Baltar, dijo ayer que esa es una «buena noticia».

Aunque la moción la presentó el PSOE, el primero en abordar el resultado de ese proceso judicial fue el portavoz del BNG, Ramiro Rodríguez, que recordó todas las supuestas irregularidades investigadas. Después, ya en el turno de ruegos y preguntas, habló el exportavoz socialista, Ignacio Gómez, que tras su relevo al frente del PSOE ha convertido esa parte del pleno en su particular turno de palabra. Planteó al presidente qué medidas había tomado ante la petición de devolución de los 10,1 millones de euros aportados por la UE y José Manuel Baltar recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el reintegro y que, además, «tres xuíces diferentes» archivaron el caso por la vía penal.

El último de los sobreseimientos, el que acaba de conocerse, aún puede ser recurrido. El PSOE está personado en el proceso y su actual portavoz, Francisco Fraga, se pronunció sobre este asunto a través de un comunicado. En él recuerda que la UE sí vio evidencias de irregularidades y «os propios compañeiros do Partido Popular, gobernando en Madrid, cuestionan esta presunta contratación ilegal», por lo que concluye que «só resta analizar con calma os motivos dun sobresemento que contradí a doutrina europea e o control financeiro do Estado».

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