La EDAR de San Cibrao instaló medios de alerta de vertidos tras el caso Barbaña

En la noche del 23 de junio del 2009 un vertido altamente tóxico procedente de una empresa -cuál fue es algo que seguramente nunca se sabrá con certeza-, llegó al río Barbaña causando la mortandad de diecisiete mil peces y enormes daños ambientales al cauce en un tramo de cinco kilómetros. Las aguas, que llevaban una alta concentración de metales pesados, llegaron al Barbaña después de pasar por la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas, una instalación en la que en aquellos momentos no existían sistemas de alerta ante este tipo de situaciones. Así lo aseguraron ayer varios de los acusados que declararon en la vista que se sigue por estos hechos en el Juzgado de lo Penal número dos de Ourense, quienes también constataron que a raíz de aquel desastre medioambiental sí se instalaron en la estación depuradora, en la entrada y en la salida, esos medios. Todos los imputados tienen relación, o la tenían entonces, con la empresa Espina y Delfín S. L., concesionaria de la depuradora de San Cibrao, a la que llegaban no solo las aguas residuales del municipio, sino también las procedentes de las empresas de tres polígonos empresariales. «En aquel momento no había sistemas de alerta», reconoció en la sala de vistas Pablo R. P., técnico de explotaciones, que argumentó la inexistencia de ese elemento, un medidor del pH del agua fijo, aludiendo a que «anteriormente no había habido episodios similares». Existía ese sistema, alegó, aunque se trataba de un dispositivo portátil. El profesional aseguró también que en cuanto se detectó que el pH del agua era más bajo de lo normal, algo que ocurrió el día 26 de junio - cuarenta y ocho horas después del vertido- se tomaron medidas para controlarlo. Durante el interrogatorio, la fiscal que lleva este caso quiso saber si de haberse detectado aquel 24 de junio que el pH del agua era anormalmente bajo -llegó a estar en 2,8, mientras que lo normal es que se encuentre entre 5,5 y 9- se hubiese podido actuar a tiempo y evitar el desastre en el Barbaña. «El impacto ambiental hubiera sido de la misma magnitud», aseguró, constatando que el funcionamiento de la estación depuradora fue «correcto» durante aquella situación.

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La Voz

En la misma línea había sido, minutos antes, la declaración de Enrique Jesús I. P., jefe de servicio de la instalación cuando ocurrieron los hechos. Hoy en día está jubilado. «El vertido de aquel día no se hubiera podido controlar de ninguna manera», afirmó, explicando que era tan tóxico y de tal magnitud que «los peces hubiesen muerto de todas formas, porque aquello no había manera de pararlo».

«El agua parecía normal»

Defendiendo en todo momento el papel desarrollado por la empresa concesionaria, recordó que nadie en la instalación sospechó de la toxicidad de agua, porque no presentaba turbidez alguna, a pesar de que empezaron a aparecer peces muertos en el Barbaña y saltaron las alarmas en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. «Vinieron los técnicos y nos dijeron que estaban muriendo peces, pero el agua parecía normal. Sacaron muestras y días después nos dijeron que el problema era el PH, por lo que tomamos medidas para subirlo utilizando sosa cáustica», relató, recordando además que sobre la presencia de metales pesados en el agua no se supo nada hasta una semana después. Fiscal y acusaciones particulares insistieron en por qué en la depuradora no se midió, el primer día del vertido, el pH del agua. «A ninguno se nos ocurrió», dijo el imputado.

La primera en prestar declaración fue Rosa Blanca G. G., copropietaria de Espina y Delfín. Afirmó que la firma gestiona 50 estaciones depuradoras y recordó que, del vertido al Barbaña, se enteró «tres días después». Advirtió desconocer detalles técnicos del funcionamiento de la estación y recordó que su empresa no fue la que construyó la depuradora. «Nosotros gestionamos», afirmó. Dijo también no estar al tanto de si tenían la obligación de instalar elementos de control de vertidos, como sostienen tanto la fiscalía como el abogado del Estado y la acusación popular.

El cuarto acusado, Manuel C. M., dijo no tener responsabilidad alguna en las decisiones ni tampoco conocimientos técnicos. «Eu fago o que me manda o jefe», dijo.

«Hay cultura de verter porque es más barato que gestionar», alegó un imputado

«En los polígonos hay cultura de verter porque es más barato que gestionar», aseguró durante el interrogatorio el hombre que cuando se produjo el vertido tóxico al Barbaña se encargaba de tomar las decisiones en la estación depuradora de San Cibrao, de la que salió el agua tóxica. Enrique Jesús I. P. aseguró que la ley establece que cada empresa ponga los medios necesarios para que sus vertidos sean asimilables a los urbanos, antes de llegar a la EDAR, si bien esta premisa no se cumple siempre y, desde luego, no se habría cumplido cuando tuvo lugar el desastre del Barbaña. «La empresa debe neutralizar sus metales pesados», dijo el imputado, quien también aclaró que el medidor de pH no detecta este tipo de sustancias. Eso sí, de haber existido hubiese alertado de que algo raro estaba pasando con el agua.

Precisamente, en ese incumplimiento en la obligación de disponer de un sistema de control que hubiese evitado el vertido residiría la responsabilidad de los cuatro acusados en este caso. Para las acusaciones todos ellos habrían hecho caso omiso de la normativa impuesta por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «en la que se establecía la obligación de disponer de un pH-metro como elemento de control que permitiría detectar y reaccionar frente a episodios puntuales de contaminación».

Por ese motivo se les imputa un delito contra el medio ambiente por el que se reclaman tres años y medio de prisión para cada uno de ellos. Además, se exige que abonen 219.849 euros por el daño ecológico causado. En la responsabilidad civil también entra, subsidiariamente, el Concello de San Cibrao das Viñas.

El juicio por este caso continuará todavía hasta el jueves.

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