La fiscalía propone penas de cárcel por un vertido tóxico al río Barbaña
SAN CIBRAO DAS VIÑAS
Acusa de delito ecológico a los responsables de la depuradora de San Cibrao
20 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Un vertido al Barbaña de sustancias tóxicas desde la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de San Cibrao das Viñas, que el 24 de junio del 2009 provocó «un grave impacto ambiental», según la fiscalía, sentará en el banquillo de acusados a cuatro personas vinculadas a la empresa que gestiona la instalación. El ministerio público aprecia delitos contra el medio ambiente en cada uno, al entender que actuaron de forma consciente cuando dejaron de utilizar uno de los recursos técnicos de los que disponían, lo cual hubiera frenado el vertido y evitado los graves daños posteriores. Propone penas de tres años de prisión para la administradora de la empresa, para un jefe de servicio y para los encargados de la instalación, aparte de 240.000 euros de indemnización a favor de la Hidrográfica Miño Sil.
La fiscal, que plantea el pago conjunto y solidario de esa cantidad entre los cuatro acusados y la empresa Espina y Delfín, con la que todos ellos tenían vinculación, señala al Concello de San Cibrao das Viñas como responsable civil subsidiario.
Este caso llegará a juicio después de una larga instrucción desde el año 2009, que incluyó un primer sobreseimiento provisional y archivo por parte del juez de instrucción, al entender que no era posible determinar el origen de la acción contaminante. La Audiencia Provincial apreció, contrariamente, indicios suficientes de delito como para seguir adelante. Ahora, una vez que la fiscalía ha delimitado las responsabilidades y concretado las propuestas de pena para los imputados, queda que haga lo propio la Abogacía del Estado, que en este caso está personada como acusación para defender los intereses de la Confederación Hidrográfica Miño Sil. Registrada también la acusación por parte de las asociaciones de vecinos San Breixo de Seixalbo, Encontros y Barbaña, les corresponderá a las defensas el último turno, con lo que esta fase clave de procedimiento podrá quedar cerrada en las próximas semanas y celebrarse el juicio durante los primeros meses del 2017.
Este vertido había ocasionado en su día una mortandad masiva de peces, que la fiscalía fija en 17.013, incluyendo especies vulnerables y amenazadas, aparte de ranas, culebras de agua y «posiblemente algún mamífero como la nutria». Tiempo después, en febrero del 2010, «las especies de poblaciones de peces destruidas por el vertido apenas mostraban síntomas de recuperación».
La fiscalía fija los daños ocasionados al dominio público hidráulico en 219.849 euros, que es la cantidad que en su día reclamó la Hidrográfica al Concello de San Cibrao, al que también exigió 4.195 euros más por el canon de vertidos complementario.
El Concello de Ourense podrá cobrar 3.469 euros de la limpieza.
De la inhabilitación a la clausura de la infraestructura
La acusación particular ejercida por las asociaciones vecinales San Breixo, Encontros y Barbaña, añade a la prisión el mismo período de inhabilitación para el ejercicio de actividades relativas al tratamiento de aguas. Piden que la EDAR no reciba vertidos industriales hasta que tenga otro sistema de depuración y, a mayores, solicitan que se acuerde la clausura definitiva de la instalación. Excluyen al Concello de San Cibrao de la responsabilidad civil.
No se usaron los equipos para evitar la contaminación
La depuradora de San Cibrao la construyó la Xunta y el Concello de San Cibrao asumió su gestión a partir de enero de 1997. Se lo encargó a la empresa Espina y Delfín. La instalación trata las aguas residuales urbanas de San Cibrao y también las que proceden de los polígonos industriales y comerciales de San Cibrao, Barreiros y Pereiro, aparte de las que tienen su origen en la Tecnópole. En su diseño se incorporó una «balsa pulmón en la entrada de la planta», según indica la fiscalía, «que permitiese aislar, almacenar y homogeneizar posibles descargas y vertidos industriales puntuales, que pudiesen afectar a las instalaciones de la depuración, para su posterior incorporación a la línea de tratamiento de forma gradual, así como un equipo de tratamiento físico-químico adaptado para el tratamiento de efluentes industriales que permite la regulación del ph y la posterior decantación de sustancias contaminantes en el decantador primario». A juicio de la fiscal de medio ambiente, Carmen Eiró, los acusados eran «perfectamente conocedores» de la situación, pero «no adoptaron ninguna medida concreta» en relación con las aguas procedentes de los polígonos industriales. Por ello, cuando el 24 de junio llegó a la EDAR un vertido con una elevada concentración de metales pesados, «no desviaron el vertido al tanque pulmón» y consintieron el vertido que se extendió en un tramo de cinco kilómetros.