Asegura que la Administración no cumple con su deber de controlar el impacto ambiental de las canteras
22 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El Defensor del Pueblo entregó esta semana su informe anual al Congreso de los Diputados y sus reflexiones sobre la crisis económica y sus consecuencias, especialmente en las pensiones, han acaparado la atención. Sin embargo, la actividad de ese organismo -dirigido actualmente por Francisco Fernández Marugán- abarca otros muchos ámbitos. Entre los abordados durante el año 2017 destaca uno por su especial interés para la provincia de Ourense, concretamente para la comarca de Valdeorras. El Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio sobre la actividad del sector pizarrero específicamente en esta zona y ha emitido un duro dictamen que abronca a la Administración por no vigilar adecuadamente el impacto ambiental que ocasionan las canteras.
El organismo encargado de supervisar a las instituciones públicas para salvaguardar la defensa de los derechos fundamentales y las libertades de los ciudadanos concluye que los efectos sobre el medio ambiente de la actividad extractiva en Valdeorras no están correctamente evaluados ni controlados. Para llegar a esa conclusión, el Defensor del Pueblo pidió previamente información a la Consellería de Economía, Emprego e Industria y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Sus respuestas no fueron satisfactorias.
Respecto a la Xunta de Galicia, el departamento no informa, según el dictamen, «con suficiente detalle sobre los resultados de las inspecciones practicadas en relación al daño ambiental causado, ni del cumplimiento por los operadores de las obligaciones ambientales impuestas, ni tampoco sobre la suficiencia de las garantías prestadas para acometer la restauración ambiental, ni sobre las actuaciones realizadas o en curso para reparar dicho daño, ni de las explotaciones abandonadas».
Un impacto constatado
En definitiva, asegura que la Xunta no cumple con su propia Ley de protección del medio ambiente de Galicia. Esta, según recuerda el Defensor del Pueblo, «establece imperativamente que la Administración no puede aceptar la pervivencia de situaciones que produzcan agresiones o deterioro grave del medio ambiente». El problema es que el informe concluye que la Xunta «no conoce con precisión el estado de las explotaciones mineras» ni, por lo tanto, su impacto.
Y eso que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil informó de que «el estado de la masa de agua del río Casaio era malo debido a una concentración relativamente elevada de metales pesados procedentes de la actividad extractiva». En su informe, el órgano rector de la cuenta «también aludía a la presencia de numerosas escombreras y desvíos de cauces lo cual había provocado un desequilibrio en las condiciones naturales de la zona». Por otro lado, el Defensor del Pueblo destaca un retraso «en ocasiones de más de cuatro años» en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de restauración de daños.
Sugerencias
Como consecuencia de todo ello, el organismo emitió una serie de sugerencias que fueron inicialmente aceptadas tanto por la Consellería de Economía, Emprego e Industria como por la Confederación Hidrográfica. Asumen, por lo tanto, la necesidad de evaluar los efectos sobre el medio ambiente que provoca la actividad extractiva en la comarca de Valdeorras así como de decidir las medidas correctoras necesarias para corregir esa situación. El dictamen hace especial hincapié en la cooperación que debe existir entre las Administración implicadas, a las que invita a compartir información para, por ejemplo, frenar la concesión de licencias a las empresas que incumplan sus obligaciones en materia medioambiental.
La Hidrográfica constató el mal estado del río Casaio debido a la actividad
El informe reclama una mejor coordinación entre las instituciones implicadas
Las quejas de los ourensanos crecieron un 25 % pero solo son un 8 % del total gallego
El Defensor del Pueblo recibió durante el año pasado un total de 66 quejas desde la provincia de Ourense. Ese dato supone un notable incremento con respecto al ejercicio anterior, en el que los ourensanos tramitaron 49. Cabe destacar, no obstante, que en A Coruña y Pontevedra se presentan muchas más reclamaciones (337 y 280 respectivamente). De este modo, las recibidas desde Ourense suponen un 8,81 % del total gallego.
Entre las quejas citadas en el informe anual del Defensor del Pueblo destaca, además de la que hace referencia al sector pizarrero, otra -también de oficio- sobre los problemas informáticos ocurridos en los juzgados ourensanos. La incidencia, según precisa el documento, tuvo lugar el 10 de marzo del año 2017 en el sistema de notificaciones LexNET y fue solventada el día 13 de ese mismo mes. También se cita un expediente abierto a raíz de una queja presentada por una paciente que debía someterse a una prueba médica en el CHUO, una reclamación que quedó resuelta «si bien con un retraso de varias semanas desde que se agotase el plazo de tres meses indicado». Un vertido contaminante en Ribadavia completa las referencias a la provincia en el informe del Defensor del Pueblo.