El BNG renuncia a la acusación contra el delegado de la Xunta

ourense / la voz

RIBADAVIA

El fiscal no acusa a Rogelio Martínez y de este modo solo sigue adelante el PSOE

09 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El BNG nada quiere tener que ver con el procedimiento penal que se inició en el año 2006 contra el actual delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez, entonces alcalde de Arnoia y responsable del grupo de acción local Ceivam. Se ha desvinculado formalmente esta organización, según desde el Juzgado de Ribadavia han comunicado a las partes, al admitir la renuncia del abogado y procurador que estaban personados en nombre y representación del BNG do Ribeiro. Quienes habían iniciado el caso, Francisco Javier Carreira y Santiago Alberto, al igual que el actual representante del BNG do Ribeiro, también han pedido ser apartados del pleito sin designar tampoco otro abogado.

La renuncia del letrado nacionalista se produce, según él mismo ha transmitido al juzgado, después de que el secretario de organización del BNG «negase que tal partido estivera personado na causa». El propio Bieito Lobeira, en un escrito dirigido al abogado, le decía que no constaba al BNG apoderamiento alguno en ese asunto, haciendo referencia, además, al carácter particular de la iniciativa por parte de personas que «agota non pertencen a esta organización».

El juzgado de Ribadavia abrió en su día diligencias a partir de una denuncia formalizada por personas entonces vinculadas a esta organización. Se sumó luego el PSOE y el caso ha seguido adelante, actualmente pendiente de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El ministerio fiscal ha pedido el archivo de las actuaciones, por lo que, al no haber formalizado acusación, el caso solo ha seguido adelante porque nacionalistas y socialistas lo han mantenido. Con esta última decisión del BNG, el PSOE se ha quedado solo en la acusación.

Al exalcalde Rogelio Martínez y a otras personas vinculadas a la asociación Ceivam, le atribuye la acusación particular delitos de falsedad, fraude, malversación y prevaricación, por presuntas irregularidades en la gestión de subvenciones comunitarias.