Creo que esta reflexión es la que impone el sentido común, aunque puede que me equivoque. En tal caso, las sentencias judiciales tendrían un valor meramente testimonial, algo así como una prescripción que se puede tener en cuenta o no. Yo no quiero creer que ese es el escenario en el que nos movemos, pero a veces lo parece. Me gustaría pensar que el sistema funciona y que no lo hace solo «de boquilla». Desgraciadamente, la realidad es obstinada en derribar este tipo de convicciones en la provincia de Ourense.
El exalcalde inhabilitado de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, sigue ejerciendo como máximo mandatario del Ayuntamiento pese a que oficialmente el cargo lo ocupa otra persona. Al menos eso es lo que aseguran algunos de los altos funcionarios con los que tienen que negociar los asuntos que afectan a su municipio y que ven al ahora «ciudadano raso» asistiendo a reuniones oficiales como si la sentencia que lo inhabilitó fuese una broma, un trámite, un papelito.
Algo parecido ocurrió en el Concello de Melón cuando la Justicia apartó de la política al alcalde popular, Alberto Pardellas, y quien quedó en su lugar fue su mujer, Cristina Francisco. Seguramente (este podría ser mi consuelo) ellos solo piensan en el bien de sus vecinos pero la ley es la ley para todos, creía. Supongo, no obstante, que los jueces no solo están para dictar sentencias, sino también para hacerlas cumplir. Igual por ignorancia me dirijo a ellos pero creo que alguien con su autoridad y formación podría hacerse cargo de este tipo de burlas a la Justicia.