El exregidor reconoce únicamente la deuda viva, que rebajó hasta los 2,8
05 ago 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El día después de que el Ministerio de Hacienda hiciese público que el Concello de A Rúa -así como los de O Bolo y Porqueira- deberá asumir un plan de austeridad para 2016 por haber incurrido en déficit el año pasado, el bipartito quiso presentar las cuentas y hablar de lo que políticamente se conoce como la herencia recibida.
«A liquidación de 2014 foi de menos 487.000 euros», empezó explicando la alcaldesa, María González Albert (BNG), acompañada de los cinco concejales que nacionalistas y socialistas suman en el gobierno. De hecho, resaltó esa circunstancia, lo de estar todos juntos, para evidenciar que se trataba de un tema importante, dijo. «Queremos dar conta da situación real, de extrema gravidade», dijo Albert, de la situación financiera del Concello. Acusó entonces, antes de entrar en los números concretos, al PP de haber gastado dinero sin control. «Tirouse diñeiro como se non se acabara nunca, e acábase», remarcó.
Dijo la alcaldesa que en deuda reconocida había 2.700.000 euros, es decir, créditos solicitados a entidades bancarias que hay que pagar. A esos sumó 471.000 euros en facturas impagadas en ejercicios pasados, y otros 170.000 euros de lo que va de año. Además, dijo que el PP había dejado alrededor de 355.000 euros en facturas sin contabilizar. A estas cantidades habría que unir las deudas que el Concello mantiene con la Xunta por el impago del canon de saneamiento (y la sanción correspondiente), que cifró en 279.000 euros; y otros casi 300.000 con la Axencia de Benestar por la guardería y el centro de día -este pendiente de un nuevo convenio de gestión, después de que venciese el contrato con la adjudicataria-. «Todas as cantidades fan arredor de 4,3 millóns de euros que hai que pagar, entre créditos, facturas e canons», apuntó Albert. Como contrapunto, el presupuesto municipal para el año pasado -que el bipartito considera inflado-, fue de 2,9 millones.
Según la alcaldesa, la herencia recibida es «unha hipoteca grandísima». Y añadió: «Non entendo que pensaba facer o PP no caso de ter gañado»; y tildó la situación económica del concello de ser el resultado de usar la administración, dijo, para beneficiar a empresas privadas.
Por su parte, el edil de Facenda, Luis Fernández Gudiña, recordó que cuando el PP cogió la alcaldía -que él dejaba-, «a capacidade de financiamento era de 200.000 euros» mientras que la que ellos reciben es de «necesidade de 400.000 euros». Reconocí el socialista que eran conscientes ya antes de llegar al gobierno de que la situación económica no iba por buen camino. «Agora que xa temos máis datos, afirmámonos», dijo. Avanzó que tratarán de reducir los gastos para poder seguir prestando servicios y cumplir a la vez con el plan de austeridad impuesto por el Gobierno central. Apuntó en este sentido las renuncias al paso subterráneo o a una de las dos dedicaciones exclusivas que tenía el gobierno anterior.
«Disparáronse os gastos»
El exalcalde, Avelino García Ferradal, no reconocía esos 4,3 millones a deber. Hablaba de la deuda viva, es decir, el dinero que se debe a los bancos, que situaba en 2,8 millones. Decía que cuando ellos cogieron la alcaldía estaba en 3,2 euros, por lo que incluso resaltaba que habían conseguido reducirla. Sobre cómo se había llegado entonces a la situación de incurrir en déficit, decía que se debió a los gastos inesperados. «Disparáronse gastos no 2014. Houbo moitas avarías, e tamén tivemos que aportar a obras que fixo a Xunta. Contábamos coa venta de parcelas no polígono que non se fixo; pero vaise recuperar diñeiro que estaba aí», añadía. Reconocía también que habían quedado facturas impagadas, pero achacaba la situación a que todavía estaba sin cobrar el IBI. «E son case 500.000 euros, cos que despois páganse facturas», justificaba. Sobre los cánones impagados, decía que en muchos casos eran heredadas ya que nunca se habían abonado, y que eran negociables.
El Concello deberá asumir un plan de austeridad por incurrir en déficit
La alcaldesa tilda «de extrema gravidade» la situación económica