La Fiscalía ve «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, Seaga y el Concello en el incendio que calcinó 23.800 hectáreas en Oímbra
OURENSE CIUDAD
El ministerio público de Ourense pide a la magistrada que se archive la causa contra un tractorista que hacía desbroces porque estaba trabajando por cuenta ajena: «Cumplía órdenes»
14 jul 2026 . Actualizado a las 20:22 h.El 12 de agosto del 2025 quedará marcado en la memoria de los vecinos de Oímbra. Acostumbrados, a su pesar, a sufrir incendios forestales cada verano, lo que pasó aquel día fue algo que nunca antes habían visto. Dos incendios que se declararon con apenas media hora de diferencia en las aldeas de A Granxa y Medeiros se propagaron rápidamente favorecidos por el intenso calor de una jornada en la que el termómetro superó los 34 grados. Tres días después, las llamas seguían activas y habían devorado ya más de 11.000 hectáreas, dejando tras de sí daños en viviendas, vehículos y animales de granja. Aún se tardaría tiempo en sofocar el fuego por completo —la superficie afectada alcanzó las 23.800 hectáreas—, pero el balance no solo fue devastador por los daños materiales y ambientales que provocó, sino también por las graves consecuencias personales que tuvo.
Tres bomberos que habían sido contratados aquel verano por el Concello de Oímbra se ofrecieron a ayudar en las labores de extinción, a pesar de que era su día libre. De camino, se encontraron con las llamas y tuvieron que salir del coche a toda prisa. Uno de ellos escapó por un camino y sufrió quemaduras superficiales, pero los otros dos huyeron a través de una viña y el humo les impidió ver los cables que la rodeaban. Sufrieron quemaduras gravísimas, sobre todo uno de ellos, y permanecieron desaparecidos durante más de una hora.
Pronto se sospechó que el origen del incendio no había sido fortuito, y no tardó en producirse una detención. Ramón N. S. fue acusado de originar las llamas al realizar trabajos de desbroce en las dos zonas en las que arrancaron los incendios. Estuvo varias semanas en prisión preventiva, y a día de hoy sigue siendo el único investigado en la causa judicial que se sigue en la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Verín.
Pero el caso acaba de dar un giro crucial. La Fiscalía de Ourense ha presentado su informe, pidiendo que se archiven las diligencias contra el investigado al entender que si aquel día estaba haciendo desbroces no fue por interés particular, sino cumpliendo órdenes. El representante del Ministerio Público ve claro que el fallo estuvo en otra instancia. Aprecia «evidentes errores de coordinación y mando entre la Xunta de Galicia, Seaga y el Concello de Oímbra en las órdenes dadas al trabajador y las prohibiciones existentes para hacer determinados trabajos en esa situación climatológica» y entiende que es en la jurisdicción civil o administrativa donde se deben dilucidar las responsabilidades que, en su caso, pudieron haber tenido.
Tras el análisis pormenorizado de la instrucción por parte del juzgado, «apoyada en los oficios minuciosos de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil», el fiscal del caso, Miguel Ángel Ruiz, entiende que lo ocurrido aquel 12 de agosto no encaja en un delito de incendio doloso. Recuerda que ese tipo penal castiga aquellos supuestos en los que el fuego haya sido provocado mediante una imprudencia grave y cree que en este caso no se dio esa situación. «Requiere una infracción cualificada del deber objetivo de cuidado, caracterizada por la omisión de las cautelas más elementales exigibles en la situación concreta, de tal entidad que suponga la creación de un riesgo altamente previsible», argumenta, advirtiendo que no basta «la constatación de una conducta descuidada», sino que debe quedar patente la «vulneración relevante de las básicas normas de prudencia».
Y en este caso no ve esa temeridad, ya que, tal y como se desprende de la causa, el tractorista «actuaba siguiendo unas órdenes como empleado». Por ello, cree que «no se le puede imputar una mayor responsabilidad por cumplir el trabajo, ya que no consta que fuera notificado o avisado de algún modo de una prohibición expresa para realizar los trabajos de desbroce que, según los atestados, habrían originado el incendio».
Insiste en que el investigado «no estaba desbrozando por iniciativa propia», ni en una finca de su titularidad, sino que seguía «órdenes jerárquicas de distribución de trabajo» y cree que su comportamiento posterior, consistente en ayudar a sofocar las llamas a pesar de los pocos medios que tenía «ante semejante magnitud», avala su exculpación.
Pide, así las cosas, que se archiven las actuaciones contra él. Y en cuanto a la posible responsabilidad de las administraciones, recuerda que «las personas jurídicas no pueden cometer imprudentemente el delito de incendio», por lo que la causa contra ellas nunca podría dirimirse en la vía penal. Sería competencia de la jurisdicción civil o administrativa.
El informe de la Fiscalía sobre el incendio de Oímbra llega después de numerosas diligencias realizadas por la magistrada de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de Verín, entre ellas las declaraciones de los brigadistas heridos, de los técnicos del Servicio Agrari Galego (Seaga) o de la propia alcaldesa, Ana Villarino (PP). El investigado, al que se le atribuyen delitos de incendio por imprudencia, lesiones y daños, siempre ha mantenido su inocencia. Otro compañero declaró que el día de los hechos también estaba trabajando. «Como nadie nos dijo que paráramos, estuvimos desbrozando durante todo el verano. Yo mismo lo estaba haciendo el día 12 de agosto en otra zona», declaró.
Días antes desde Seaga, entidad responsable del plan de gestión de biomasa al que se había adherido el Concello, se había enviado un correo electrónico dirigido al Ayuntamiento que está recogida en la causa. «Se comunica que el miércoles 30 de julio del 2025 se paralizaron los trabajos que realizaba el tractor en Oímbra», recogía el aviso, en el que se exponía que se mantendrá «mientras las condiciones meteorológicas no son más favorables». Pero el día de los hechos, cuando el Concello de Oímbra se encontraba en riesgo extremo de incendio, Ramón N. S. estaba manejando un tractor.
En el caso hay cuatro acusaciones particulares y una popular, que también deberán informar sobre su postura.