Hace 20 años la venta de rianxo en Ourense estaba en riesgo por denuncias e inacción política
OURENSE CIUDAD
Las inspecciones de trabajo provocaban intranquilidad a los vendedores
21 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La relación de las administraciones, y concretamente, del Concello de Ourense con la plaza de abastos y con los comerciantes que vendían sus productos en el rianxo ha pasado por numerosas vicisitudes en los últimos tiempos. La hemeroteca revela que los problemas no son nuevos, y hace veinte años, el periódico informaba de una situación que se repetía con cierta periodicidad. El 15 de junio del 2006, La Voz de Galicia titulaba: «La venta de rianxo se ve nuevamente en peligro por la indecisión municipal», con el subtítulo «La acción de la Inspección de Trabajo frena la presencia de productos de huerta del entorno». En la entradilla se apuntaba: «El gobierno local no ha tomado iniciativas desde las denuncias del año pasado».
En el cuerpo de la pieza informativa, se explicaba el motivo de la «intranquilidad entre quienes acuden con productos de huerta para la venta directa». Era la «intermitente presencia de inspectores de trabajo en la plaza de abastos de Ourense». Sin embargo, había un cambio: el apoyo, o la falta de él, a esta actividad desde la casa consistorial. Un año antes el gobierno local, a través del alcalde, Manuel Cabezas, y del concejal de gobernación, Aurelio Gómez Villar, habían mostrado su apoyo a la tradición de venta del rianxo. Sin embargo, parece que fueron meras palabras. «Desde entonces nada se ha hecho para normalizar y regular una actividad comercial que la mayoría considera positiva para el futuro de la plaza de abastos», continuaba el texto de Pepe Seoane.
La venta de hortalizas de producción de proximidad se estaba ya reduciendo, tanto por la propia merma de la actividad agraria en el extrarradio de Ourense por la expansión urbana, como por «las trabas que de forma cíclica encuentran por razones puramente formales y administrativas», explicaba el periódico.
Desde la perspectiva política, el nacionalista Alexandre Sánchez Vidal ponía en valor que Ourense tenía en el rianxo un ejemplo de producción natural y de agricultura ecológica que se reivindicaba en otros lugares. Gómez Villar se mostraba sorprendido con la acción inspectora, pues afirmaba que el año anterior, cuando se había producido el conflicto, «se había producido un acercamiento entre el gobierno local y la Subdelegación del Gobierno». El concejal de gobernación proponía «sensibilidad y mano izquierda». Sin embargo, no era una opción útil «ni para quien recibe las denuncias y se ve obligado a intervenir, ni para la oposición municipal, que reclama una salida que permita mantener la actividad con todas las garantías de legalidad», criticaba el periódico.
El conselleiro de Innovación e Industria, Fernando Blanco, terciaba en la polémica, después de haberse entrevistado con los comerciantes ourensanos, poniendo el ejemplo de Lugo, de cuya ciudad había sido concejal y donde la venta del rianxo era «una de las más atractivas de los merados municipales y goza del unánime apoyo del comercio convencional». Había la sospecha, según algunas fuentes, que detrás de las denuncias contra la venta del rianxo «más allá de la censura de la irregularidad propiamente dicha, pueden estar los intereses de algún intermediario que pretende copar la distribución de este tipo de productos, haciéndose con la mercancía en origen y anulando competencia».
[Consulta más información en la Hemeroteca de La Voz]
La información se ampliaba al día siguiente, añadiendo el dato de que la inspección de trabajo había recibido en la primera mitad del año 2006 cuatro denuncias contra el rianxo. Cada investigación suponía la realización de varias visitas de los funcionarios para comprobar la habitualidad de los vendedores. Se apuntaba que las denuncias procedían de «algún particular con intereses comerciales en la zona y con el evidente objetivo de limitar la venta del rianxo». Se indicaba que, si bien la mayoría de la asociación de comerciantes de la plaza apoyaban la actividad, no era un respaldo unánime, «como evidencian las sucesivas acusaciones».
Se explicaba que si los inspectores comprobaban que se trataba de una actividad puntual, la denuncia perdía consistencia. En cambio, si el seguimiento, con hasta cinco o más visitas de los inspectores, podría derivar en una sanción pues muchos vendedores no estaban dados de alta en el Régimen Especial Agrario. «Frente al temor de que la labor de la inspección pueda conducir a la cancelación de la pensión, desde la Subdelegación del Gobierno indican que esa situación no se produce en ningún caso», se apuntaba.