El exgerente del matadero de Trives reconoce que tiró muestras recogidas por un agente ambiental, pero niega que lo agrediese

Dos años de prisión y multa de 4 meses a razón de una cuota diaria de 8 euros. Esa es la petición de la Fiscalía de Ourense para el hombre que en el año 2022 era gerente del matadero de A Pobra de Trives. Se le acusa de un delito de atentado a la autoridad por haberse enfrentado de forma agresiva a un agente de Medio Ambiente que había acudido a recoger muestras de agua a raíz de un vertido detectado en el río Fiscaíñ. Derramó el contenido recogido por el técnico, además de tirarle el móvil al suelo cuando intentó grabarle. Este jueves el acusado reconoció ante la jueza titular de la plaza 1 de la sección Penal de Ourense que había cogido el bote de la muestra y tras quitarle el precinto la había tirado al suelo. Dijo que lo había hecho porque esa muestra se tomó en una instalación privada sin su autorización, pero asegura que no hubo agresividad. Negó que lo hubiese agarrado por los brazos, como el técnico declaró, aunque dijo que sí alargó la mano hacia el teléfono cuando intentaba fotografiarlo o grabarlo. Según su versión, aunque apenas lo tocó, fue suficiente para que el aparato se cayera al suelo descomponiéndose en varias piezas.

El agente contó que cuando llegó a la instalación, la trabajadora ante la que se identificó y a quien explicó que tenía ordenes de tomar las muestras, le dijo que había avisado a su jefe, que estaba de camino y acto seguido cerró la puerta. Él y su vehículo quedaron dentro. La trabajadora testificó en el juicio que había cerrado la puerta porque se lo ordenó su jefe cuando le llamó, pero él imputado dice que simplemente le preguntó cómo había entrado y que, cuando ella le dijo que lo hizo porque estaba la puerta abierta «simplemente le recordé que había que tenerla siempre cerrada». Explicó a la jueza que eso era así por razones de higiene y de seguridad. Pero su argumento no convenció al abogado del Estado, que considera que cerrar la puerta fue un acto de intimidación y para impedir que el agente pudiese marcharse con la muestra antes de que él llegase. De hecho, ese encierro volvió a repetirse cuando el exgerente, tras abrir para entrar con su propio vehículo, volvió a cerrar la puerta. El exgerente negó tal intención, apuntando que él abandonó el lugar antes que el denunciante y que al salir dejó la puerta abierta. También recordó, a preguntas de su abogada, que había colaborado en todo momento con la Guardia Civil entregando copia de las cámaras de seguridad del recinto. El guardia que las visionó hace cuatro años no recordaba exactamente este jueves si en esas imágenes se apreciaba agresión física o tan solo la gesticulación de una discusión, pero contó que había realizado un informe complementario al atestado sobre su contenido y que lo entregó, junto con el lápiz de memoria, en el juzgado de Trives. Sin embargo no fue posible visionar esa prueba, ya que se ha extraviado.

La magistrada tendrá que dirimir el alcance de lo ocurrido basándose en lo escuchado en las intervenciones de las partes y los testigos y decidir si absuelve al imputado, como pide su defensa, o acepta la visión de la fiscalía y la abogacía del Estado que consideran que el exgerente intimidó y coaccionó al agente para eliminar la muestra recogida y que lo agredió para quitarle el teléfono y que no pudiera quedar registrado lo sucedido. Cabe recordar que estos agentes en el ejercicio de sus funciones tienen la consideración de policía de aguas, razón por lo que una agresión o resistencia grave durante el ejercicio de sus funciones se puede considerar atentado a la autoridad. Las acusaciones entienden que al ir perfectamente identificado, uniformado y en el vehículo oficial, no cabía duda de quien era.

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