El sindicato policial CEP exige que se actualice la plantilla de la comisaría de Ourense para hacer frente al aumento de la delincuencia

Quienes en la jornada de este martes tuvieron que acercarse a la Comisaría de la Policía Nacional de Ourense para realizar algún trámite e incluso los que pasaron cerca de ella, se vieron sorprendidos a media mañana por una singular concentración a golpe de música rock. Era la protesta convocada por la Confederación Española de Policía (CEP). El sindicato, que ha denunciado reiteradamente el «abandono» del las comisarías gallegas por parte del Ministerio del Interior, decidió montar esta protesta en Ourense por considerar que la precariedad de medios con los que trabajan los agentes desde hace años los está colocando en una situación límite debido al incremento de la delincuencia en los últimos tiempos. Los representantes del sindicato esgrimieron los datos estadísticos de la propia Secretaría de Estado de Seguridad para reivindicar tanto un aumento de la plantilla como de los medios materiales de los que disponen. Desde el 2019 se registró un incremento del 12,33 % de la criminalidad en la provincia, pasando de 4.231 a los 4.753 delitros registrados con los que se cerró el año 2025 y una parte importante de los ilícitos, especialmente los vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes, tiene que ver con la mayor facilidad de conexión con la meseta que ha supuesto la implantación de la alta velocidad.

«Demandamos una unidad de guías caninos y una brigada móvil para el control en los transportes y sobre todo para poder erradicar a las mafias que viajan en los medios de transporte con droga que llegan aquí a Ourense», señalaba Javier Martínez, portavoz de la CEP, que explica que esas unidades darían servicio tanto a la provincia ourensana como a la de Pontevedra. Otra de las peticiones es que se recatalogue la plantilla de la comisaría. Quieren que el ministerio haga una auditoría para actualizar los puestos de trabajo y el catálogo de personal y ajustarlo a la realidad actual. Ponen como ejemplo la necesidad de reforzar las unidades encargadas de investigar los ciberdelitos y los delitos sexuales. Los primeros han subido un 85,7 % en los últimos siete años -se pasó de 596 hechos delictivos en 2019 a 1.106 en el último ejercicio-, mientras que en los segundos hay un incremento global del 61,54%, aunque hay supuestos, como las agresiones sexuales con penetración que han aumentado un 120 % en ese mismo periodo.

También ha subido la violencia callejera. Las riñas tumultuarias y las peleas con armas y objetos contundentes crecieron un 17, 6 % y con ellas aumenta el riesgo al que se enfrentan en muchas ocasiones los propios policías. El pasado año los funcionarios públicos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil) en la provincia fueron víctimas de 49 agresiones, más de cuatro por mes y un 20 % más que en el 2021. Esa realidad que reflejan los números es la base de otra de sus reivindicaciones de medios. Recuerdan que la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la ciudad de Ourense «carece actualmente de los vehículos necesarios» para desarrollar las funciones policiales que tiene enconmendadas.

Desde la CEP apuntaron que esta situación no solo se sufre en Ourense. Recordaron que el Gobierno rechazzó en el Congreso hasta en 71 ocasiones la tramitación de una ley para declarar la labor de policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, una medida que los equipararía con las policías autonómicas. El portavoz de la organizació censuró la «pasividad» del ministerio y recalcó el contraste entre esa escasez de recursos y de unidades especializadas en Galicia con la inversión de 1.512 millones de euros destinada entre 2019 y noviembre de 2024 a la financiación de las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra. 

---

---

---