Un sindicato denuncia que los juzgados de Ourense tienen 3.500 causas penales bloqueadas por falta de personal
OURENSE CIUDAD
Alternativas na Xustiza advierte del «riesgo de colapso» en la tramitación y ve riesgo de archivo de causas graves por la caducidad de los plazos
26 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.La implantación de la nueva oficina judicial sigue provocando las quejas de los funcionarios. Al cumplirse cinco meses desde la puesta en marcha de la controvertida reforma, un sindicato denuncia una situación de «extremo colapso» en el servicio común de tramitación penal del Tribunal de Instancia de Ourense y pone cifras al problema, asegurando que debido a una «severa falta de personal» derivada de la reciente reorganización de la oficina judicial, esa sede acumula más de 3.500 procedimientos y casi 1.000 escritos pendientes de trámite.
Así lo indican desde Alternativas na Xustiza. A través de un comunicado, recuerdan que antes de la entrada en vigor de la nueva oficina judicial, los tres juzgados de instrucción de la ciudad de Ourense contaban con 21 trabajadores (6 gestores, 12 tramitadores y 3 de auxilio), además de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) y un magistrado por cada sede judicial. Por su parte, las dos sedes penales disponían de 16 trabajadores (4 gestores, 8 tramitadores y 4 de auxilio), así como un letrado y una magistrada cada uno. Sin embargo, con la creación del Tribunal de Instancia de Ourense, que se puso en marcha a partir del 1 de enero de este año 2026, el servicio común de tramitación penal se dividió en dos secciones. Según denuncia el sindicato, «isto supón unha diminución aproximada do 54,05% do persoal». Actualmente, dicen, la plantilla de la sección de instrucción ha quedado reducida a 13 trabajadores, un jefe de equipo para delitos graves y solo dos letrados de la administración de justicia (los antiguos secretarios) para tres plazas judiciales; mientras que la sección de enjuiciamiento dispone de cuatro trabajadores, un letrado y dos empleados destinados a señalar vistas de violencia sobre la mujer.
El impacto de este recorte, aseguran desde el sindicato, ya se está haciendo notar en el trabajo diario de los funcionarios. Desde la organización sindical explican que «tres das catro traballadoras da sección de axuizamento teñen que facer gardas, o que provoca que, durante unha semana, as vistas sinaladas sexan atendidas unicamente pola traballadora que non se atopa facendo a garda». Esto hace imposible revisar correctamente si las personas están citadas o si existen escritos pendientes. Los datos estadísticos de los que disponen reflejan la gravedad de la crisis, ya que según ellos durante el primer trimestre del año se han suspendido casi 70 vistas, una cifra a la que habría que sumar los más de 550 procedimientos pendientes de celebración de juicio a fecha de 31 de marzo. «Isto trae como consecuencia que os sinalamentos dos xuízos pendentes se alonguen ata o ano 2027, agravando aínda máis a situación de atraso e colapso existente», lamentan desde la formación.
En cuanto a la sección de instrucción, desde Alternativas na Xustiza explican que soporta la sobrecarga de más de 2.500 procedimientos y 650 escritos, además de las guardias y la preparación diaria de declaraciones. «Esta situación impide a revisión axeitada dos asuntos asignados a cada traballador e dificulta materialmente que poidan tramitarse dentro do prazo dun ano establecido na lei», advierten desde el sindicato. La situación podría provocar que muchos asuntos acabasen quedando sin resolver, ya que la falta de instrucción en plazo «podería determinar o seu arquivo, ao non poder acordarse as dilixencias necesarias para o debido esclarecemento dos feitos investigados».
El sindicato subraya que tanto la Dirección Xeral de Xustiza como el secretario coordinador de Ourense han sido informados reiteradamente de este escenario. Para Alternativas na Xustiza, la administración gallega «da prioridade o aforro de cartos». Asimismo, rechazan que la administración autonómica se escude en la falta de apoyo económico del Gobierno central. «A Xunta de Galicia asumiu as competencias en materia de medios persoais ao servizo da Administración de Xustiza alá polo ano 1996», recuerdan.
La organización sindical alerta de que si no se amplían de forma urgente las plantillas, el colapso actual se agravará, «con consecuencias directas para as persoas afectadas polos procedementos xudiciais, moitas delas privadas de liberdade ou sometidas a medidas cautelares que inciden directamente nos seus dereitos fundamentais».