Un preso acusado en Ourense de amenazar de muerte con un azadón a su vecino rechaza una prueba pericial que podría beneficiarlo

Marta Vázquez Fernández
M. Vázquez OURENSE / LA VOZ

OURENSE CIUDAD

El acusado compareció por videconferencia desde la cárcel
El acusado compareció por videconferencia desde la cárcel M. FERNÁNDEZ

La Fiscalía le atribuye un delito de amenazas y otro de quebrantamiento de condena, ya que en el momento de los hechos cumplía una condena que le obligaba a estar localizado en su domicilio

04 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A finales del próximo mes de abril tendrá lugar en Ourense el juicio contra un hombre acusado de amenazar de muerte con un azadón a un vecino. Durante una audiencia preliminar celebrada este martes para explorar las posibilidades de un acuerdo, el sospechoso —que está en prisión preventiva por esta causa— se negó a asumir su culpa, por lo que será inevitable la celebración de una vista en la que comparecerá el investigado, pero también la víctima, testigos y agentes de la Guardia Civil.

Durante la comparecencia la acusación particular solicitó que al sospechoso, Felipe C. F., se le realizase una prueba pericial para valorar su imputabilidad, si bien finalmente esto no será posible ya que el aludido rechazó someterse al examen. Ello a pesar de que, en último caso, podría favorecerle ya que en caso de dictaminarse algún tipo de patología, se podría valorar una circunstancia atenuante de responsabilidad.

Los hechos se remontan a la última hora de la tarde del 30 de julio del 2025. Tal y como recoge el escrito de acusación, el sospechoso se presentó en la puerta de la casa de un vecino de la aldea de Celme, en Rairiz de Veiga, y con un azadón en la mano le dijo que lo iba a matar. El perjudicado, que estaba fuera, logró meterse en su vivienda, si bien el agresor continuó amenazándolo y llegó a golpear su puerta con la herramienta. Enseguida se personaron en el lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil, que arrestaron al sospechoso. Tras cotejar sus datos descubrieron que estaba incumpliendo un mandato judicial, ya que debía cumplir una sentencia previa que implicaba permanecer en su domicilio durante 130 días. Ahora podría ser condenado a dos años de cárcel por amenazas y quebrantamiento.