En la Subdelegación del Gobierno desaconsejan las patrullas ciudadanas
04 jun 2025 . Actualizado a las 05:00 h.Representantes de siete colectivos vecinales de los barrios de A Ponte, O Pino e O Vinteún se reunieron este martes con el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, para hablar de la situación de inseguridad que perciben. Según cuentan, los problemas están aumentando en los últimos tiempos. Hablan de robos incluso a plena luz del día en casas habitadas, de amenazas, de broncas y altercados y dicen que hay miedo entre los vecinos, especialmente entre los de edad más avanzada. En la Subdelegación del Gobierno, además de Eladio Santos, les escucharon el comisario jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Provincial de la Policía Nacional, Alberto Vidal; el inspector jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana, Pablo José Álvarez; y el inspector de participación ciudadana, José Antonio Armero.
El subdelegado del Gobierno aprovechó para alabar el «enorme esforzo» que está realizando este cuerpo policial con dispositivos especiales de vigilancia en la zona y echó mano de los datos para recordar que la situación no está descontrolada. Recordó que Ourense sigue siendo una de las ciudades más seguras de España, a mucha distancia de otras de su mismo tamaño, aunque matizó que «aínda que os datos sexan bos, non nos conformamos». Se comprometió con los vecinos a que la policía seguirá esforzándose para garantizar la seguridad. «É unha prioridade absoluta e, por iso, os vosos problemas son os nosos e seguiremos traballando», les dijo.
La mayoría de los asistentes valoraron muy positivamente el encuentro y también alaban la labor policial, pero no son demasiado optimistas sobre que los recursos de la Comisaría ourensana permitan hacer mucho más de lo que ya se está haciendo. «Este tipo de reunións son saudables, pero eu o que entendo é que a plantilla está escasa. E tamén é verdade que a xente fala, di que os rouban, pero non denuncian. Hai que denunciar para que eles podan actuar», matizaba Ricardo Vázquez, de la asociación Peliquín 4 Camiños.
«As estatísticas están moi ben, e pode ser que moitos dos incidentes non se consideren nin roubos porque son pequenas cantidades, pero a realidade é que para moitos maiores que lle quiten os cincuenta euros que levan á compra é peor que os mil que lle poden roubar a quen ten máis», relataba Olga Giráldez, de la asociación Ponte Canedo. Esta representante pidió al subdelegado que transmitiese al Gobierno la necesidad de cambiar la legislación para que la Justicia pueda ser más contundente con los reincidentes «sin esperar que delincan vinte veces». Algunos lamentaron que en la cita no hubiese representantes de la Fiscalía y del Concello de Ourense. «Non podemos consentir que se nos vaia a cidade das máns e estásenos indo», opinaba Giráldez.
Las publicaciones en redes
La percepción de inseguridad en los barrios de la ciudad que quedan en la margen derecha del Miño ha animado a algunos a sumarse a una patrulla ciudadana que recorre las calles con el objetivo de desanimar a los potenciales delincuentes. Sobre esta situación, según explican los asistentes, también les hablaron en la reunión. «Nos dijeron que tomarse la justicia por la mano no era la solución y que no nos aconsejaban hacerlo porque existe el peligro de que haya enfrentamientos», relata Cochi, secretaria de la asociación de Covadonga.
Algunas de esas intervenciones ciudadanas están publicadas en redes sociales y reciben comentarios que jalean la actuación y dan a entender que el nivel de delincuencia no deja otro camino a los residentes. El subdelegado del Gobierno hizo hincapié en que los datos oficiales reflejan que la realidad de la delincuencia en Ourense está muy lejos de lo que transmiten algunas de esas publicaciones. «Desconfíen de chats sen control nin rigor que xa temos comprobado que albergan embustes, manipulacións e mentiras», advirtió Eladio Santos a los representantes vecinales.
El Gobierno pide la implicación de los servicios sociales de otras Administraciones
Los vecinos también hablaron con el subdelegado del Gobierno sobre la necesidad de actuaciones más allá de la policial para afrontar problemas de fondo. Contaron que existen dos realidades evidentes: la de personas sin hogar que han terminado recalando en estos barrios y también los toxicómanos que acuden a adquirir sus dosis a lugares históricamente vinculados al trapicheo de droga. «Ya sabemos lo que hay aquí, pero ahora viene muchísima gente de fuera, lo notamos desde que está el AVE, y aumenta la conflictividad en la calle», señalaba la representante de la asociación de Covadonga.
Sobre la necesidad de abordar los problemas de fondo de los sintecho o los drogodependientes, Eladio Santos recordó que los servicios sociales son competencia de otras administraciones y aprovechó para pedir su implicación para intentar resolverlos. «O que está claro é que nesta reunión tería que ter estado tamén algún representante do Concello», opinaba Olga Giráldez, de la asociación Ponte Canedo.
Estigmatización de la pobreza
Al Concello apunta también Podemos Ourense. La agrupación ha registrado una solicitud pidiendo un refuerzo de la atención social y un pronunciamiento institucional que condene de forma contundente lo que puede verse en publicaciones de las patrullas vecinales en Internet y que califican como «agresións e actos de acoso contra persoas sen fogar». El portavoz, Fran Diéguez, asegura que «o que estamos vendo nas redes sociais é inaceptable: persoas gravadas, insultadas e mesmo agredidas pola súa situación de vulnerabilidade».