Un abogado de Ourense niega haber estafado a una clienta que lo contrató para que le tramitara una incapacidad: «Pude haberle cobrado bastante más»
OURENSE CIUDAD
La perjudicada asegura que el profesional le cobró por un recurso de casación que nunca presentó y reclama cuatro años cárcel y 15.000 euros de indemnización
04 abr 2025 . Actualizado a las 05:00 h.No tramitó un recurso ante el Tribunal Supremo porque la clienta le dijo que no quería gastar más dinero o simuló que daba ese paso solo para cobrarle nuevos importes. Entre esas dos hipótesis gira un caso que se juzgó este jueves en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Ourense y que llevó al banquillo a un abogado cuya conducta profesional está en tela de juicio.
Una vecina de la capital que lo contrató para que le tramitara una incapacidad asegura que le cobró entre 10.000 y 12.000 euros por un proceso que terminó con una sentencia desfavorable del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ella creyó que la iban a recurrir en casación ante el alto tribunal español y durante meses siguió pagando dinero al letrado, pero la causa nunca salió de la comunidad gallega y la particular cree que el letrado la estafó. La Fiscalía pide una condena de un año de cárcel pero la perjudicada, personada como acusación particular, reclama cuatro años de privación de libertad y una indemnización de 15.000 euros. El de este jueves, por cierto, ha sido el segundo juicio por este mismo asunto que se celebra en la Audiencia ourensana. En el primero el letrado salió absuelto, pero se recurrió la sentencia y el TSXG la anuló, ordenando repetir la vista con otro tribunal distinto.
Y eso fue lo que ocurrió este 3 de abril. Luis Ángel C. R., ataviado con unas gafas de sol que nunca llegó a quitarse, se sentó en el estrado, junto a su abogada, y negó todos los cargos en su contra, como ya hiciera en la sesión anterior. Aseguró que la clienta contactó con él en el año 2017 porque quería que le tramitara una incapacidad y que desde el primer momento le explicó como era el proceso y las cantidades que se cobraban. Relató que la clienta lo llamaba «continuamente» y que para la primera valoración médica él mismo la acompañó a la consulta de un profesional. Un juzgado de la capital estimó la demanda y a la clienta le concedieron una paga, pero el INSS apeló y perdieron en segunda instancia. «Me reuní con la clienta y le expliqué que se podía recurrir al Supremo, llegué a preparar el escrito, pero al final ella no quiso seguir», dijo el sospechoso, asegurando que los honorarios que le cobró a la denunciante fueron inferiores a los que percibían otros compañeros por casos similares. «Le pude haber cobrado bastante más; nunca la engañé», aseguró.
Pero la clienta asegura que, tras el varapalo judicial, el abogado le dijo que podrían tener una respuesta favorable en el Supremo y que ella estuvo de acuerdo en seguir adelante. Contó que tuvo que ir por segunda vez al médico, al que volvió a pagar a consulta y que más tarde el abogado le pidió 900 euros para otro informe pericial que «podría ayudar en el caso». «Yo a ese médico nunca lo vi, pero lo pagué», dijo la perjudicada, que también aseguró que aunque le dio al abogado dinero para pagar a la procuradora, esta última le llegó a embargar su cuenta bancaria por esa deuda.
«Me dijo que había posibilidad de un recurso y ahí empezó a engañarme», declaró, contando que entre mayo y octubre del 2018 el profesional le cobró 4.500 euros. Cuando le preguntaba por la evolución del caso, él echaba balones fuera. «Me decía que como no había gobierno las cosas iban despacio y había que esperar», aseguró. Tiempo después otro cliente del acusado la puso sobre aviso y ella decidió consultar con otro abogado. Fue entonces cuando se enteró de que se había declarado desierto el recurso en el mes de julio del 2018. «Llegó a pedirme dinero para ir a Madrid a un juicio sobre mi caso y me dijo que estuviera pendiente del teléfono», aseguró la perjudicada. Para entonces, por cierto, a ella ya le habían retirado su pensión y había tenido que incorporarse de nuevo a su puesto de trabajo.
«En julio ya no se podía presentar recurso y a pesar de ello el abogado le siguió pidiendo dinero a la clienta», dijo la fiscala del caso en el turno de conclusiones, que ve en este caso un delito de estafa por el que se debe condenar al letrado. «Simuló una actuación procesal que no iba a realizar y engañó a una persona lega en la materia», dijo. El letrado de la acusación particular, tildó de «execrable» el delito y recordó que el acusado mantuvo el engaño «hasta el último momento», negándose a acudir a una conciliación que se organizó en el colegio de abogados.
La defensa pidió la libre absolución porque considera que en este caso nunca hubo engaño y que el letrado hizo todos los trámites que se le pidieron, atribuyendo los hechos por los que se le acusa a una «confusión». Eso sí, subsidiariamente pidió que, en caso de condena, se apliquen atenuantes de enfermedad y dilaciones. Antes de quedar el caso visto para sentencia el acusado hizo uso de su derecho a la última palabra. «Reitero mi inocencia» dijo.
Se da la circunstancia de que a Luis Ángel C. R. lo condenaron a dos años de cárcel el pasado mes de febrero por estafar 70.000 euros a dos clientas, madre e hija, que lo contrataron para que representara a una de ellas en un pleito por una herencia. Ese caso también tuvo un recorrido judicial largo, ya que al acusado lo absolvieron en un primer juicio y el TSXG ordeno repetirlo.