Ratifican la condena de acoso del Concello de Ourense a la jefa de la Policía Local
OURENSE CIUDAD
El Concello de Ourense tendrá que pagar, solidariamente con el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, 30.000 uros de indemnización a la funcionaria, que demandó al Ayuntamiento y al exedil por acoso laboral
07 nov 2024 . Actualizado a las 05:00 h.El Concello de Ourense tendrá que pagar, conjunta y solidariamente con el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha, 30.000 euros de indemnización a la jefa de la Policía Local, María Barrera, que demandó al Concello y al exedil por acoso laboral. La Sala de lo Social del TSXG ha desestimado el recurso de suplicación que presentó el Concello —el exconcejal no recurrió— por lo que la sentencia del Juzgado de lo Social 1 de Ourense se convertirá en firme, a no ser que se quiera acudir en casación al Tribunal Supremo.
Sobre la conducta del Concello de Ourense durante la alcaldía de Gonzalo Pérez Jácome en relación con los hechos de acoso laboral que se consideran probados, el TSXG vuelve a incidir sobre lo que ya expuso el primer juez. El Concello intentó eludir su responsabilidad alegando que, cuando supo lo que había hecho y escrito el concejal contra la intendente jefa, esta se encontraba de baja laboral. «La inacción del Concello demandado constituye una infracción en materia de prevención de riesgos laborales», recoge de nuevo la resolución del Superior. Incluso, si no hubiera habido acoso, el Concello de Ourense debería haber activado el protocolo y cerrarlo si luego no había caso. «Lo que nunca procede ante una denuncia por acoso es no hacer nada, como ha hecho el Concello demandado», recuerda el tribunal.
El Concello alegaba que no conoció la situación hasta que la jefa policial interpuso la demanda. El TSXG no cree este argumento. Además de que las manifestaciones del exedil eran públicas (en redes sociales o en reuniones en el Concello), al tribunal le resulta «sorprendente» que el alcalde Jácome no hubiese sabido que su edil de Seguridad Ciudadana había ordenado entrar con un cerrajero en el despacho de la jefa policial cuando esta se encontraba de baja. El tribunal reprocha que ni siquiera entonces el regidor se interesara por lo ocurrido ni adoptara alguna medida ante «una actuación tan grave, desproporcionada y denigrante como es la del desalojo por la fuerza de un despacho de un funcionario público». Para el TSXG, esto demuestra la «absoluta pasividad» del Concello en este caso de acoso.