Exigen a la Xunta un protocolo para que los docentes con procesos judiciales por abusos o agresiones sexuales sean apartados de forma inmediata

«Estamos enfadados y también indignados con el centro porque nunca nos comunicaron ni nos dieron ningún tipo de información. Había rumores desde pocos meses después de iniciado el curso. Se hablaba de que al profesor nuevo le había pasado algo en algún lado, pero lo que nos decían a nosotros es que no se sabía si estaba o no estaba juzgado, si la causa estaba cerrada o no. Se permitió que marchara cuatro días de excursión con los niños. Es vergonzoso». Así de enfadada se manifestaba una de las madres cuya hija tuvo como tutor en el CEIP Prácticas de Ourense el pasado curso a un maestro condenado a trece años de cárcel por agredir sexualmente a una alumna en otro centro educativo de la provincia. La obligó a mantener relaciones sexuales y la sometió a prácticas sádicas dentro y fuera del colegio. Los hechos probados sobre los que se sustentó la sentencia explican que contactó con ella a través de redes sociales ocultando su verdadera identidad y cuando logró ganarse su confianza le pidió fotos y vídeos de contenido sexual. No fue hasta tiempo después cuando le reveló su identidad tras citarse con ella en el aula de música. En el fallo judicial, que se hizo público el 19 de julio, se narra cómo logró quedar con la menor en varias ocasiones tanto dentro como fuera del colegio, y consiguió realizar prácticas sexuales tras golpearla.

«Aquí no se sabía exactamente qué había pasado con esa niña del otro colegio», aclara otro de los padres que este lunes se sumó a la concentración de protesta convocada por la Marcha Mundial das Mulleres frente al colegio ourensano en el que ejerció ese docente durante el curso pasado. El colectivo recrimina a la Xunta que se limitase a cambiar de colegio al maestro y no tomase la decisión de apartarlo de las aulas hasta que denunciaron públicamente el caso la pasada semana para intentar evitar que se reincorporase este lunes al claustro. «Ata ese momento o docente estaba nas listas para incorporarse este luns día 2 ao seu posto de traballo. Non había ningún procedemento de suspensión aberto, nin el collera ningunha baixa médica. Estaba nas listas para hoxe, ás nove horas, entrar no seu posto de traballo. Se non chega a ser polos pais que se puxeron en contacto con nós hoxe o agresor sexual estaría no centro escolar», recalcó Antía Pousa, que ejerció de portavoz de la Marcha Mundial das Mulleres en Ourense tras la concentración a las puertas del colegio.

Este movimiento social recuerda que la Consellería de Educación anunció el pasado viernes que había abierto un expediente al maestro que resolvería esta semana, pero finalmente lo hizo ese mismo día. «O procedemento que levaba meses sen abrirse, ábrese e resólvese en cuestión de horas trala nosa denuncia», señaló Antía Pousa, que criticó la inacción de la Xunta. «Cremos que é absolutamente irresponsable e cómplice do agresor», dijo tras matizar que «este caso está encamiñado e parabenizámonos por elo, pero non é suficiente porque pode estar sucedendo noutros centros e xa vemos cales son as dinámicas da Consellería de Educación». De hecho, la Marcha Mundial das Mulleres exigió ayer a la Xunta que elabore y ponga en marcha para este tipo de situaciones protocolos rápidos y eficaces. «Non podemos estar falando de que hai anos que se produciu a denuncia desta rapaza e non hai unha suspensión cautelar». También piden que la Administración autonómica se disculpe con las familias que tuvieron a sus hijos durante todo el curso anterior «en risco de estar expostas a un espazo violento». Recuerdan que se permitió al docente ser tutor y profesor de informática «onde tiña acceso a correos electrónicos das alumnas». También recriminan que se le permitiese acompañar a los estudiantes «a una excursión onde hai pernoctas pese a que sabemos que as familias protestaron porque non querían que as súas crianzas foran con este individuo».

Entre los padres que acudieron a la concentración la indignación se mezclaba con el miedo por la exposición de sus hijos a ese riesgo durante todo el curso. «Sabíase que algo había, pero non detalles concretos. Vivimos o curso con bastante incertidume pola falta de comunicación por parte do centro. Ese foi o principal problema porque a medida que foron saíndo noticias a inquietude foi maior», comentaba el progenitor de otra alumna a la que dio clases de informática. «Cando xa sabes o que hai e pensas que este señor lle deu clase á túa filla durante todo un curso e ninguén fixo nada, xérache unha sensación de vulnerabilidade», añadió.

«De todos modos aquí también tuvo problemas por quejas por el trato que tenía con otros niños, pero no estaba relacionado ni tenía nada que ver con abusos sexuales. Intervino Inspección pero no se supo nada más», apostilló otra de las madres que secundó la concentración frente al colegio en el que ejerció el maestro condenado a 13 años de cárcel. Desde la asociación de padres del CEIP Prácticas también recriminan la falta de colaboración por parte de la administración educativa. «Nos enteramos de lo que había pasado de verdad por la prensa. Nosotros sabíamos que algo había, pero al parecer igual que la dirección, por lo que nos dijeron a nosotros. Sabían que tenía algo pendiente por ahí, pero no sabían el qué. Se enteraron por el periódico cuando tuvo el juicio», recalca la presidenta del AMPA, Cristina Jarreño. Un juicio que se celebró en la Audiencia Provincial de Ourense el 19 y 20 de junio. Pese a ese desconocimiento de los hechos por los que estaba denunciado, la asociación de padres intentó frenar que el docente fuese de excursión con los alumnos ya en mayo. «Se puede entender que hasta que no hay sentencia no se puede hacer o decir oficialmente nada que pueda perjudicar a una persona, pero nosotros intentamos, sin tener tampoco la certeza de lo que había pasado, que lo apartaran», señala la responsable de la asociación. «Hablamos con el centro y la dirección puso en conocimiento de la Inspección nuestra queja, pero se ve que no podían apartarlo. A mí me parece indignante que no haya herramientas para que la dirección de un centro educativo pueda tomar medidas ante casos así», recalca la presidenta del AMPA. 

Expedientado tras conocer la sentencia

Por su parte la Xunta matizó que los servicios de Inspección de la Consellería de Educación habían tomado la decisión de suspender al maestro «no momento de coñecer a sentenza». Insisten en que el docente «xa está suspendido e non vai impartir clase, independentemente de que poida recorrer a sentenza». La Administración autonómica explica que para tomar esta decisión se utilizó una disposición de la Lei do Emprego Público de Galicia que lo permite. La Xunta no entra a valorar la petición de la Marcha Mundial das Mulleres sobre la creación de protocolos específicos para actuar en estos casos. Recuerda, eso sí, que «a administración autonómica segue os procedementos e trámites que marca a xustiza, seguindo as decisións ou medidas cautelares que emitan estes órganos xudiciais».

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