Condenan al alcalde de Ourense por acosar al interventor municipal para justificar su cese: «Era un funcionario incómodo»
OURENSE CIUDAD
El magistrado insta a Gonzalo Pérez Jácome a poner fin al hostigamiento al funcionario, al que deberá indemnizar con 30.000 euros
07 jun 2024 . Actualizado a las 12:45 h.Era un funcionario «incómodo» y el alcalde de Ourense decidió poner en marcha una campaña pública para desprestigiarlo y destituirlo de su cargo. Al titular del Juzgado de lo Social 1 de Ourense no le cabe duda de que la conducta que durante meses mantuvo Gonzalo Pérez Jácome con el interventor municipal fue un acoso por el que tendrá que indemnizarlo con 30.000 euros. El magistrado, que hace seis meses ya condenó a un exedil de Jácome por hostigar la jefa de la Policía Local, le da en este caso un severo tirón de orejas al alcalde de la tercera ciudad de Galicia, afeándole que en lugar de respetar los derechos del funcionario, se dedicara a desacreditarlo tanto en los plenos como en las redes sociales. «Inicia una campaña de desprestigio en los plenos del Ayuntamiento y redes sociales, que no tiene otra finalidad que justificar ante la opinión pública su futuro cese en su puesto, al resultar un funcionario incómodo», sostiene el fallo, sobre el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza.
Lejos de dar por buenos los argumentos del alcalde, que encajó todo lo ocurrido dentro de la crítica política y la libertad de expresión, el magistrado recuerda que el regidor es el superior jerárquico del demandante, una posición que lo obliga a respetar su intimidad y a protegerlo en materia de salud laboral, entre otras obligaciones. «Lo que sucede realmente, y así lo reflejan las pruebas practicadas, es que el señor alcalde confunde su posición de jefe de personal con su papel político, y no tiene en cuenta los deberes anteriormente relatados en su trato con el actor en los plenos y en las redes sociales», sostiene el togado, en una resolución muy dura con la conducta del alcalde.
La resolución sitúa el origen del conflicto en el informe emitido por el demandante, del que se dio cuenta al pleno del 1 de agosto de 2023. Había reparos a un gasto de 24 millones de euros y esta posición molestó al regidor, que a partir de ese momento puso en marcha un «proceso de acoso» que tenía como objetivo su destitución. El magistrado tiene claro que no fue un mero conflicto, sino una actuación desproporcionada por parte de Jácome que tenía el objetivo de «dañar la integridad psíquica del trabajador».
El hostigamiento se materializó, sostiene el juez, a través de tres vías: manifestaciones en los plenos municipales y negativas a concederle la palabra; manifestaciones en las redes sociales, y apertura de un procedimiento de cese «completamente ilegal, por falta de competencia del señor alcalde, conforme a la normativa vigente, para proceder al cese del demandante».
En relación a los plenos, el juez Francisco Javier Blanco Mosquera cita hasta una decena de ocasiones en las que el alcalde cuestionó ante la corporación el trabajo del profesional. «Se compara al interventor con otros funcionarios, algo muy propio del acoso, y se le deja en una situación de descrédito en relación con estos, en público, cuando en derecho caben diversas interpretaciones, ninguno de los funcionarios interviene en el pleno y además el que tiene la función de control es el interventor», dice el togado, que no ha pasado por alto el comentario que le hizo el alcalde al demandante el 27 de noviembre del 2023. «Si yo pongo verde al interventor, lo que queda es joderse y denunciar», le espetó aquel día. Para el juez, la intencionalidad de dañar es clara en este comentario.
También queda probado el acoso en las redes sociales y el propio acto de cese del funcionario, una decisión que tomó el alcalde al día siguiente de que se celebrase el juicio en su contra. Esa decisión, que también se considera nula, supuso otro acto de hostigamiento que merece un reproche penal. El juez ve acreditado que el interventor sufrió un daño en su salud a causa de la situación que vivió y resta importancia al hecho de que no cogiera una baja médica, una circunstancia que según la defensa restaba credibilidad a su denuncia. «Que no haya causado baja médica es irrelevante a la hora de determinar la existencia de acoso, ya que constan perfectamente acreditados los actos que lo provocaron y el daño generado en su salud», dice la resolución.
Ante esto, se insta al alcalde a cesar toda actuación de hostigamiento y a reponer al interventor en su puesto de trabajo. La indemnización atañe también al Concello de Ourense, que tendrá que contribuir de forma solidaria a ese reparo económico.
Reacciones de toda la oposición
Tras conocerse la sentencia que condena a Jácome todos los grupos de la oposición mostraron sus críticas al regidor. «Dende o PP rexeitamos todas as prácticas de acoso e hostigamiento aos traballadores municipais coas que o alcalde leva anos deteriorando o clima de traballo no concello de Ourense», dice la formación popular, que añade: «Tamén nos preguntamos quen vai pagar os 30.000 euros de indemnización. Se van ser todos os cidadáns de Ourense ou o alcalde, que foi o que acometeu o acoso ao interventor, simplemente por realizar o seu traballo: xestionar, supervisar e autorizar as operacións que se fan no Concello».
Desde el PSOE piden la dimisión de Jácome. «A sentenza recolle e tipifica unha conduta que ás e aos membros do grupo municipal socialista non nos resulta allea. O continuo abuso da súa posición con difamacións, calumnias e insultos que exceden, con moito, da crítica política e que so teñen como fin danar á persoa á que se dirixen, despreciala e desprestixiala, son unha constante no salón de plenos e no Concello de Ourense», dice la concejala socialista María Fernández.
Luis Seara, del BNG, concluye que el cese del interventor «obedecía non a cuestións técnicas senón que estabamos diante dunha persecución e caza de bruxas contra todos aqueles funcionarios que simplemente fan o seu traballo con obxectividade e rigor e non son dóciles aos intereses da alcaldía».
El Concello asegura que la Fiscalía ha archivado una denuncia de varios exconcejales
Media hora antes de que se hiciese pública la noticia de la sentencia que condena al alcalde de Ourense por acosar al interventor municipal, el Concello difundió un comunicado sobre otra resolución judicial. Se trataría del archivo de las diligencias penales abiertas en su día por la Fiscalía tras recibir una denuncia que varios exconcejales del partido de Gonzalo Pérez Jácome que lo acusaban de prevaricación y de un delito continuado de malversación de fondos públicos.
Esos exediles —que ahora forman parte de Coalición de Centro Democrática— aseguran que no han recibido ninguna notificación al respecto y el Ayuntamiento ourensano se ha negado a facilitar la resolución emitida por la Fiscalía. Según dice el escueto comunicado difundido por el Concello, el fiscal concluye, tras las diligencias practicadas, que «debe descartarse que os feitos denunciados integren un delito de prevaricación administrativa» y que tampoco se aprecian «os elementos típicos que caracterizan o delito de malversación de fondos públicos»,
Los exconcejales de Democracia Ourensana que dieron inicio a este caso dejaron el partido de Jácome en el 2020 tras acusarlo de irregularidades económicas. Han presentado ya varias denuncias en distintas instancias por varios motivos y la que ahora acaba de archivar la Fiscalía aludía a la supuesta incompatibilidad del sueldo que el alcalde recibe del Ayuntamiento con sus actividades privadas. Además consideraban irregular que la mayor parte del dinero público que corresponde a DO acabe derivado a la televisión privada del regidor ourensano, AuriaTV.