Manuel Cabezas fue alcalde de Ourense entre 1995 y el 2007, pero antes ocupó otros cargos en el sector empresarial
12 jul 2022 . Actualizado a las 12:32 h.Manuel Cabezas oficializó este lunes su candidatura para presidir la junta local del PP de Ourense y, consecuentemente, liderar la lista del partido para las próximas municipales. A punto de cumplir 69 años (nació en noviembre de 1953) este ingeniero agrónomo vuelve así a la primera línea de la actualidad política tras varios años alejado de la vida pública. Su puesto como gerente de la Cooperativa Vitivinícola de O Ribeiro le dio su primera oportunidad de visibilidad social. Bajo su mandato (entre 1982 y 1986) salieron al mercado dos de los buques insignia de la firma: Bradomín y Viña Costeira. Aunque abrió su primera empresa de ingeniería —que aún mantiene— nada más terminar la carrera, esa experiencia le llevó a emprender también en el mundo vitivinícola. Se implicó con sociedades tanto en denominaciones de origen gallegas (Ribeiro, Rías Baixas y Ribeira Sacra) como en la castellanoleonesa de Ribera del Duero.
Gestionó el Instituto de Desarrollo Económico de Ourense (Inorde) entre el 87 y el 89, y también presidió la Confederación de Empresarios de Ourense (CEO). En el año 1993 dio el salto a la política, ocupando hasta 1995 un escaño en el Congreso de los Diputados. Además de los tres mandatos, con mayorías absolutas, al frente de la alcaldía de la capital ourensana (entre 1995 y 2007), fue senador del 2004 al 2008 y, entre otros cargos institucionales, ocupó la presidencia de la Fegamp entre 1999 y el 2003.
Cabezas está ahora a punto de retomar su faceta municipalista, un campo que abandonó oficialmente el 2 de febrero del 2007, cuando presidió su último pleno y dio el relevo a su segundo, Enrique Nóvoa, quien ya había sido proclamado en octubre del 2006 como su sucesor y candidato a liderar la lista del PP en las elecciones de mayo de ese mismo año.
En aquel momento se oficializó una renuncia que llevaba ya varios meses anunciada y que el partido justificó en una estrategia para reforzar a su sustituto colocándolo al frente de la alcaldía meses antes de la cita electoral. Sin embargo, la marcha de Manuel Cabezas comenzó a gestarse dos años antes, en 2005, cuando la oposición (entonces PSOE y BNG) pedían reiteradamente que aclarase su patrimonio tras una serie de publicaciones sobre la construcción de su casa en las que se ponía en duda la procedencia de materiales e incluso árboles que se ubicaban en la finca. Cabezas negó que se hubiese apropiado de bienes públicos y llevó al pleno del 23 de septiembre del 2005 documentación (incluidas las declaraciones de Renta y Patrimonio) para que fuese revisada por la oposición. A pesar de que oficialmente el partido le mostraba su apoyo (el entonces presidente provincial, José Luis Baltar, lo hizo reiteradamente), Manuel Cabezas anunció pocos días después que no se veía encabezando la siguiente lista popular.
Doce años al frente de la alcaldía dan para mucho y a pesar de los casi tres lustros que lleva apartado de la vida municipal, Cabezas sigue siendo uno de los políticos más conocidos, tal y como reflejó la encuesta realizada por Sondaxe, publicada por La Voz el pasado 29 de mayo. El exalcalde aparecía como el segundo mejor valorado, con 4,72 puntos, justo por detrás de Pepe Araújo, actual portavoz de Ciudadanos y quien, por cierto, también formó parte de sus equipos de gobierno.
Su imagen aparece en fotografías vinculadas al desarrollo del área termal de las márgenes del Miño, la construcción del Puente del Milenio o la inauguración del primer centro comercial de la ciudad. Algunos le recuerdan como el primer alcalde del PP en oficiar en España una boda entre personas del mismo sexo. Otros como el impulsor de un nuevo diseño del plan de ordenación urbana (PXOM) que nacía para ser el motor del futuro para la capital ourensana pero que fue tumbado judicialmente. El urbanismo le llevó también al banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación. Se le acusaba (junto al exconcejal Ricardo Campos) de incumplir la normativa y no exigir a las empresas constructoras entre 1997 y 2002 la cesión al Ayuntamiento del 10 % de suelo en el que desarrollaban sus proyectos. La Audiencia Provincial los absolvió, aceptando la argumentación de que existía un acuerdo plenario, anterior a la nueva normativa y que no había sido revocado, que sustentaba esa decisión de eximir a los promotores de la cesión de terrenos, y en base a que los informes de los técnicos que daban el visto bueno a los expedientes urbanísticos con el 100% de aprovechamiento del suelo. La exconcejala socialista, Áurea Soto, que ejerce la acusación particular, decidió recurrir la sentencia; no así la Fiscalía, que decidió finalmente no presentar casación ante el Tribunal Supremo.
