Juzgan a la organización criminal que fabricaba cigarrillos ilegales en una nave de Cambeo

La Voz OURENSE

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GUARDIA CIVIL

Nueve acusados extranjeros se exponen a penas de entre siete y once años por elaborar tabaco de contrabando

07 jun 2022 . Actualizado a las 08:28 h.

La Audiencia Provincial de Ourense juzgará hoy — a no ser que se llegue a un acuerdo previo de conformidad entre los acusados y la fiscalía— a nueve personas que fueron detenidas por participar, presuntamente, en una organización criminal constituida para la elaboración ilegal de tabaco de contrabando. Los sospechosos fueron detenidos por la Guardia Civil en agosto del 2020 en la denominada operación Straperlo, que permitió desmantelar una fábrica que ya tenían en producción desde el mes de junio de este año en Cambeo (Coles). También habían alquilado una instalación para fines similares en Ponteareas y tenían planes para seguir la actividad en Valladolid.

El dirigente principal de la organización sigue en búsqueda y captura. Se considera que era el que habilitaba las naves industriales, conseguía la maquinaria y los materiales y traía de Rumanía estos equipamientos además del personal humano como mano de obra, en situación irregular en España, para fabricar cigarrillos. Otros de los colaboradores del grupo, como un rumano, un moldavo y un portugués se encargaban de dar órdenes y conocían el funcionamiento de la organización, además de controlar el flujo de trabajadores migrantes y de las mercancías que llegaban de Europa del Este, según sostiene la acusación pública. Según esta parte, el ciudadano portugués fue el encargado del alquilar la nave de Cambeo en febrero del 2020. Y en junio comenzaron a prepararla para la actividad. Se constató la entrada de remolques con mercancía y pedidos de mobiliario y otro material, como diez camas, ocho colchones y ocho almohadas que, supuestamente, utilizaban los trabajadores, a los que se traía para manipular el tabaco, encerrados y a destajo. Otros acusados estaban encargados de controlar el transporte y almacenamiento. Todos se alojaban en un piso de alquiler de Ourense ciudad. Para estos miembros principales del grupo, la fiscalía pide un total de 11 años de cárcel por tres delitos: pertenencia a organización criminal, contrabando y contra la Hacienda Pública. También hay otros cinco acusados, ucranianos, que vivían en la nave y se encargaban, supuestamente, de controlar a las personas que trabajaban allí, además de enseñarles. La fiscalía considera que conocían el entramado y les acusa de los mismos delitos, aunque les pide siete años de prisión.