La Fiscalía de Ourense mantiene la acusación a Cabezas por el caso del 10 %: «Debía saber que lo que hacía era ilegal»

El juicio en el que se dirimen las posibles responsabilidades penales derivadas de decisiones urbanísticas tomadas en el Concello de Ourense en los años del bum inmobiliario, el conocido como caso del 10%, ha quedado este jueves visto para sentencia. Siete años después de que se interpusiera la denuncia y pasadas dos décadas desde los hechos, el tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense debe decidir si Manuel Cabezas, ex alcalde de la ciudad por el PP, cometió delitos de prevaricación y malversación al no exigir a promotores que desarrollaron proyectos urbanísticos entre 1997 y 2003 la cesión de una décima parte del terreno. Por esos hechos, que imputa la Fiscalía de Ourense y una acusación popular, se pide para el político, ya retirado de la vida pública, una condena de siete años de prisión, el mismo reproche penal que se reclama para Ricardo Campo Labrador, que era concejal de urbanismo. Además, se solicita que ambos indemnicen al Concello de Ourense, con 1,5 millones de euros en el caso de Cabezas y 1,1 millones en el caso del otro investigado. 

«Pretender que los dos acusados no conocían que se estaba vulnerando la ley no tiene ningún sentido», aseguró la fiscal del caso, Carmen Eiró, en su turno de conclusiones y en alusión a los argumentos de los investigados. Ambos han mantenido siempre que la concesión de las licencias en los quince expedientes ahora cuestionados estaba respaldada por informes favorables de los técnicos y encajaba con un acuerdo del pleno municipal de Ourense para no exigir la cesión del 10 %. «Ese acuerdo se tomó en el año 1994, un momento en el que el urbanismo era un asunto complicado en la ciudad, como ya se nos ha dicho», contextualizó la fiscala, advirtiendo que tras la aprobación posterior de dos leyes, una gallega y otra estatal, debía haberse dejado de aplicar desde 1997, cosa que no ocurrió. «Se estaba aplicando un acuerdo contrario a la ley; lo que pasaba en Ourense no sucedía en ningún otro lado», advirtió la representante del ministerio público, que aseguró que la ciudad de As Burgas fue la única de Galicia en la que no se exigía a constructores el 10 % del suelo para que revirtiera en el bien municipal. 

Intentando echar por tierra la justificación del exalcalde, que dijo haber delegado todas sus competencias, la representante del ministerio público fue directa. «Nunca se puede utilizar eso para cometer una prevaricación; no puedo decir que delego y me olvido, sigo teniendo una responsabilidad», aseguró aludiendo a la labor «fiscalizadora» de un cargo público y asegurando además que «Ourense no es Madrid, y por muchos asuntos que hubiera, los acusados debían de saber que lo que hacían era ilegal; las razones ellos las sabrán».

Recordó en su exposición que para que se vean probados los delitos no es necesario que los acusados se enriquecieran, citando como directamente beneficiados por las exenciones a «los quince promotores que se apropiaron del cien por cien del suelo». «No están aquí todos los que son, pero sí son todos los que están», finalizó en referencia a que en este proceso judicial llegó a imputarse a toda una junta de gobierno, apuntillando que «si los imputados pretenden escabullirse echando la culpa al secretario lo tienen difícil».

El perjuicio ciudadano: la ausencia de vivienda pública

La abogada de la acusación popular, que ejerce la exedila socialista Áurea Soto, primera en denunciar este caso, habló de «incumplimiento flagrante y clamoroso de todas las normas» y se refirió a las consecuencias que tuvo para la ciudad que se permitiera a los constructores quedarse con el 100 % del terreno en el que iban a edificar. «Hubo un perjuicio económico, pero también social porque se privó a la ciudad de tener terrenos para vivienda pública», afirmó la letrada, que recordó que «un gobierno municipal no es una figura decorativa, sino un órgano decisorio y de fiscalización».

«Vivimos en un estado de derecho, no se puede quebrantar la legalidad y aquí se ha hecho, con unas consecuencias irreparables», insistió Elena Díaz, que recordó que en los expedientes había advertencias de los técnicos. Lamentó además que se quiera ahora responsabilizar de todo al secretario general, ya fallecido. «No tenía poder decisorio», aseguró en relación al alto funcionario y lamentando que, tras la llegada al Concello de Ourense de un informe del Consello de Contas que cifraba en 1,6 millones el perjuicio municipal, «no se hiciera nunca nada para recuperar aquello».

«Urticaria a las acusaciones»

Totalmente opuestas fueron las alegaciones de las defensas. La primera en exponer sus argumentos fue la de Manuel Cabezas. Su letrado, José Fernández Iglesias, lamentó «siete años de calvario judicial por unos hechos de hace un cuarto de siglo» e insistió en pedir la nulidad del caso, como ya hizo en la primera sesión. Sobre los hechos, fue también muy claro. «Por mucho que provoque urticaria a las acusaciones, los expedientes tenían informes favorables», dijo el letrado, que insistió en que los funcionarios municipales «firmaron lo que firmaron». Tildó el letrado de «inquietante» la declaración que el día anterior hizo en esa misma sala de vistas la denunciante, para la que pide la condena en costas, y se preguntó los motivos por los que el Concello de Ourense no se ha personado en la causa, así como por las razones por las que nunca se ha citado tampoco a los constructores presuntamente beneficiados. En relación al papel que, según las acusaciones debía haber seguido el alcalde Manuel Cabezas, se preguntó por qué «debía haber mandado parar cuando todos los informes eran favorables» e ironizó sobre el papel que le atribuyen: «Debe ser un garante hasta de las multas, alguien todopoderoso».

«Como mucho un recadero»

«Mi cliente era como mucho un recadero, alguien que llevaba los expedientes y que se ocupaba de que estuvieran completos y tuvieran informes favorables», aseguró el abogado de Ricardo Campo Labrador en su turno de palabra. El letrado insistió en que su cliente se encontró con una situación que había comenzado años antes de su llegada y consideró que no tenía posibilidad de haber anulado aquellos acuerdos. «Cumplió con lo que se le ordenaba y contando con los requisitos legales», afirmó, viendo en este caso una imputación «selectiva», ya que en las comisiones de gobierno en las que se avalaban los expedientes había más concejales. 

Cabezas y los «sentimientos»

Antes de que el caso quedara visto para sentencia, ambos acusados aprovecharon su derecho a la última palabra. «Quisiera apelar a los sentimientos, pero no voy a hacerlo, eso lo dejo para mi familia», dijo Manuel Cabezas, que lamentó que sus padres «vieran como empezó esto, pero no como va a acabar». Campo Labrador, por su parte, aseguró que se le había «revuelto el estómago» al escuchar a la fiscal y advirtió que «hoy por hoy, hubiera hecho lo mismo» que en el momento por el que ahora ha tenido que responder ante la justicia. 

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