Manuel Cabezas alude a informes técnicos para justificar que en Ourense no se pidiera el 10 % del suelo a los constructores

En la década de los noventa la capital ourensana vivía un desarrollo urbanístico sin precedentes. La ciudad crecía con nuevas urbanizaciones que obtenían luz verde del gobierno municipal para ponerse en marcha y que se veían fortalecidas por un acuerdo plenario del año 1994 en el que se acordaba que los promotores de esos proyectos, los constructores, se podían quedar con el 100 % del solar, sin contrapartida alguna para el interés general.

Aquel acuerdo, consecuencia de un informe emitido por el entonces secretario general del Ayuntamiento, siguió vigente mucho tiempo después, pese a que dos leyes de 1997 y 1998, una autonómica y otra estatal, contemplaban la obligación de reclamar a los promotores una parte del terreno para aprovechamiento municipal. La norma gallega fijaba ese porcentaje de cesión gratuita en el 10 %, mientras que la nacional lo situaba en un 15 %, pero en la ciudad de As Burgas siguieron aprobándose expedientes urbanísticos obviando esa premisa, y esa manera de actuar podría ahora acarrear graves consecuencias penales.

Así, desde este lunes, la Audiencia provincial de Ourense juzga al que en aquellos años era el alcalde de la capital por el Partido Popular, Manuel Cabezas, y su edil de Urbanismo, Ricardo Campo Labrador. La Fiscalía de Ourense y la acusación popular, ejercida por la exedila socialista Áurea Soto, les imputan delitos de prevaricación y malversación, por considerar que actuaron en contra de la ley y «guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto y con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados» aprobaron quince proyectos urbanísticos entre 1997 y 2003 sin exigir la cesión del suelo, pese a ser preceptiva. 

Pero ninguno de ellos reconoce tal ilegalidad. «Se aprobaban propuestas firmadas por técnicos, con informes favorables», aseguró el que fue alcalde de Ourense entre 1995 y 2007, que quiso aclarar que su formación es de ingeniero agrónomo y que nada sabía de cuestiones legales a su llegada al cargo. «Yo nunca había pisado el Concello hasta el año 1995», explicó el ex cargo público, que lleva años retirado de la vida política. A preguntas de la fiscala, admitió haber sido informado tras coger el bastón de mando del acuerdo plenario relativo a la exención a promotores, si bien explicó que nunca formó parte de la comisión informativa de urbanismo y que «delegaba todas las competencias». En relación a los expedientes que se recogen en esta causa, Cabezas insistió en que en ningún momento fue informado de que pudiera estarse quebrantando ley alguna al aprobarlas, ya que siempre llegaban a la comisión de gobierno o al pleno avaladas por los técnicos y los servicios jurídicos municipales. «Jamás hubo debate para parar esos proyectos», dijo, recordando además que en las reuniones en las que se trataban esos temas había representantes de la oposición, entonces conformada por el BNG y el PSOE. 

Recordó Cabezas que los informes para dar luz verde a aquellas obras estaban avalados por el secretario municipal, el mismo que había aconsejado eximir de la cesión del 10 % tiempo atrás. «El secretario era un especialista en urbanismo, algo dicho por él y por mucha más gente», aseguró Cabezas en referencia a Mariano Rodríguez, ya fallecido. «Mi seguridad jurídica era tomar toda las decisiones en los órganos colegiados, sabía que haciendo eso no me podía equivocar», insistió Cabezas, ratificando que nunca pidió a los técnicos que informaran en uno u otro sentido en relación a aquellos proyectos de construcción. «Nosotros votábamos algo que venía informado favorablemente por los técnicos y avalado por el secretario», remarcó el exalcalde, alegando que, ante aquella tesitura, «¿cómo podía saber yo que se estaba haciendo algo mal?».

A similares argumentos se agarró en su declaración el otro investigado. Ricardo Campo Labrador, un abogado que se incorporó al gobierno municipal en el año 1999 y permaneció en él hasta el 2003. Admitió que conocía el acuerdo plenario por el que no se pedía parte del suelo a promotores y explicó que se aplicaba «totalmente». «Yo era político, no tenía que fiscalizar expedientes ni contradecir informes», alegó cuando la fiscala le preguntó si no era conocedor de que aquella decisión del pleno contravenía lo que dictaminaba la ley, incidiendo de nuevo en la existencia de informes favorables en relación a los expedientes. «Nadie me advirtió nada ni tuve información que pudiera alarmarme», dijo, recordando que «en todas las comisiones estaban los partidos y el secretario general».

Advertencias de los técnicos

Pero aunque los informes relativos a esos expedientes urbanísticos tenían informes favorables, en ellos aparecían algunas advertencias que, por lo visto, no se tuvieron en cuenta. Así lo aseguró Hipólito Lorenzo Rodríguez, arquitecto técnico de la Concejalía de Urbanismo de Ourense entre 1991 y 2008. «Yo advertía que el promotor se quedaba con el 100 % del suelo, en contra de lo que decía la ley, que era una ilegalidad, y que a eso se le debía dar una vuelta», aseguró el testigo, que en sus informes pedía que se remitiera el asunto al secretario general, para que emitiera informe. «El acuerdo plenario era contrario a la ley y yo eso lo puse en los expedientes», insistió, añadiendo que el secretario «discrepaba» y hacía en último término valer su postura. «Quien eximía del 10 % era el secretario», aseguró.

Tanto este técnico como Alfonso Pavón, arquitecto municipal que se incorporó al consistorio en el año 2003, recibieron el encargo de «cuantificar» lo que habría supuesto ese 10 % que se había dejado de percibir. El resultado era un déficit de 1,6 millones de euros, una cantidad confirmada en el año 2004 por el Consello de Contas.

La posible nulidad

La primera parte de la vista, que continuará este martes, se centró en la presentación de las cuestiones previas. Las defensas solicitaron la nulidad de las actuaciones y lo justificaron retrotrayéndose al 2016, cuando el Juzgado de Instrucción 1 ordenó el archivo de la causa, que había sido denunciada dos años antes. Entonces la Fiscalía de Ourense, dirigida por Florentino Delgado, estaba en contra de llevar a juicio a Cabezas y no recurrió aquella decisión, pero sí lo hizo la exedila de urbanismo. Resultó que la Audiencia escuchó sus argumentos y ordenó reabrir el caso, lo que permitió llegar hasta hoy, pero los letrados expusieron que Áurea Soto no estaba legitimada para sustentarlo porque no estaba correctamente personada. 

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