Que las termas públicas de Ourense, principal reclamo turístico de la ciudad, sigan cerradas después de tanto tiempo es otro indicio de que en esta ciudad las cosas no van bien. Tenemos suerte de que a pesar de que el baño está prohibido en las surgencias naturales situadas a los pies del Miño, y llevan así desde marzo del 2020, los turistas se empeñan en seguir visitando la capital y se conforman con darse un paseo por el casco histórico y con tomarse unas tapas en la zona de vinos.
No se entiende, la verdad, que los visitantes sigan apostando por una capital con tan pocos recursos turísticos y culturales para el ocio, pero podríamos pensar que si los recursos termales estuvieran operativos, quizás las cifras de viajeros se incrementarían aún más y, con ellas, el retorno económico que todos los que llegan a la ciudad dejan en el comercio y la hostelería.
Pero nos topamos con la gestión política. Ahora, después de año y medio, parece que llegan las prisas por reabrir pero resulta que hay trabas legales que serán difíciles de sortear. A ello, hay que sumar la difícil convivencia entre los dos partidos que gobiernan en la ciudad, y que más que de la mano, van cada uno por su lado.
Todo apunta a que quienes hicieron la ley, es evidente que sin atender a la realidad que tenemos en Ourense, nos venderán ahora la moto de que la van a flexibilizar para que las termas vuelvan a ser lo que eran. Mientras, veremos cómo acaba la enésima lucha de poder en un gobierno local del que solo podemos esperar más de lo mismo. O menos, incluso.