El alcalde dirigirá él mismo las gestiones para la reapertura de las pozas, pero no tendrá fácil cumplir el plazo autoimpuesto
16 oct 2021 . Actualizado a las 17:55 h.Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, anunció esta semana que asumirá personalmente las gestiones para la reapertura de las termas públicas «porque los técnicos que cobran 5.000 euros al mes no lo han solucionado». Aseguró que las pozas estarán abiertas «sí o sí» el día 1 de diciembre, pero no lo tendrá fácil para cumplir ese plazo.
Las termas cerraron cuando se decretó el estado de alarma por el coronavirus, pero no han vuelto a abrir tras relajarse las restricciones porque ha entrado en vigor una ley autonómica que regula ese tipo de espacios. Esa normativa -que se aprobó en el Parlamento gallego en el año 2019- impone adaptaciones en las pozas públicas de la ciudad. El Concello de Ourense tiene dinero para ello porque reservó millón y medio de euros en una reciente modificación presupuestaria, pero las obras previstas no se han ejecutado, ni siquiera están licitadas.
La ley autonómica tiene entre sus objetivos dar garantías sanitarias al uso de las termas y se exige, para ello, que el agua esté en constante renovación. Para que así sea es necesario instalar caudalímetros y, en algunos casos, hacer captaciones, canalizaciones, depósitos y bombeos. Solo en Outariz y la Burga de Canedo, los técnicos municipales calculaban el coste de esos trabajos en 140.000 euros.
Además, la ley impone que haya personal de vigilancia y control de aforos. El Concello de Ourense tiene ya redactado un pliego para contratar a una empresa que se encargue de ello, pero aún faltan trámites e informes a nivel interno. Y, en todo caso, un procedimiento administrativo de este tipo no podría completarse en menos de dos meses. Parece complicado, por lo tanto, que esa contratación y la ejecución de las obras necesarias lleguen a tiempo para cumplir con el plazo del 1 de diciembre que se ha autoimpuesto Jácome.
Sin moratoria de la Xunta
Sí podría lograrse si, como sugieren varios partidos, se concediese al Concello de Ourense una moratoria en la aplicación de esta ley. Fuentes del gobierno autonómico descartan por ahora esa posibilidad y explican que ya han abierto la mano con algunos preceptos de la normativa. Otros, sin embargo, son «imprescindibles» para dar la autorización a la apertura de las pozas públicas. Debe garantizarse, por un lado, la renovación del caudal y, por otro, la vigilancia de estos espacios. Apuntan, además, que la última propuesta del Concello de Ourense para adaptarse a esos requerimientos fue aceptada en todos sus términos por la Xunta. Sin embargo, aún no se ha ejecutado ninguna de las actuaciones anunciadas.
